Dentro del plazo de impugnaciones, la Mesa de Mujeres de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) impugnó ayer la candidatura a juez del Superior Tribunal de Justicia del juez Ernesto Löffler, integrante de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Río Grande.
USHUAIA.- En el escrito presentado ante el Consejo de la Magistratura y que fue difundido por la agencia Télam, el Sindicato entiende que el candidato Löffler “no reúne los requisitos necesarios (para ser juez) en relación a sus criterios sobre aplicación de derechos humanos, perspectiva de género y personas en situación de vulnerabilidad social”.
Las mujeres gremialistas calificaron a Löffler de “haberle negado la condición de víctima de trata de personas” a Alika Kinán, una joven que fue rescatada de un prostíbulo de Ushuaia durante un operativo realizado en 2012, y tras asumir su condición de víctima de trata, fue la primera que aceptó ser querellante contra sus captores.
En el escrito de impugnación, la Mesa de Mujeres de la UEJN recuerda que durante 2014, el Estado provincial inició un juicio para desalojar a la mujer de una vivienda social que le había provisto en función de su situación de vulnerabilidad social y para que pudiera cuidar de sus cinco hijos, recordaron las fuentes.
Kinán presentó entonces un recurso de amparo para impedir el desalojo, y esa causa llegó a manos de la Cámara de Apelaciones de la provincia donde es juez el actual aspirante a ocupar un cargo en el máximo tribunal fueguino.
Las impugnantes señalan que Löffler no solo resolvió la causa en favor de la realización del desalojo (en realidad confirmó el rechazo al amparo) sino que “le negó a Kinán su condición de víctima de trata” y “expuso mediáticamente datos de su intimidad, en clara violación a los protocolos de Protección de Víctimas de Trata”.
La Mesa de Mujeres del sindicato judicial hace hincapié en la “abrumadora diferencia de criterio jurídico” entre Löffler y la “totalidad de los magistrados federales que intervinieron en la tramitación judicial”, dejando en evidencia “la falta de profesionalismo del juez para abordar una situación de profunda vulnerabilidad”.
“Alika Kinan Sánchez resultó ser una víctima del delito de trata de personas, una tipificación penal de competencia federal (…) mientras que el camarista entendió en su fallo que esa misma víctima debía ser desalojada y ni siquiera debía ser considerada una víctima”, agrega la presentación ante el Consejo de la Magistratura.