El movimiento Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) denunció hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, que el Senado brasileño restauró esta semana el llamado ‘marco temporal’ que derrumba una decisión del Tribunal Supremo que reconoce las demandas históricas sobre demarcación de tierras.
TELAM.- El APIB y la ONG Conectas Derechos Humanos señalaron que el Senado cometió una “violación frontal” contra los derechos fundamentales de los pueblos indígenas al aprobar un proyecto de ley urgente para restaurar que el ‘marco temporal’ que Supremo del país revocó el 20 de septiembre.
En este sentido, este marco establece que los pueblos indígenas sólo pueden reclamar las tierras ocupadas antes de la Constitución de 1988, consignó la agencia Europa Press.
La decisión del Senado, que puede ser todavía vetada por el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, frenaría la demarcación de nuevos espacios y podría provocar el desalojo de muchas comunidades.
Bajo este contexto, varias organizaciones de pueblos originarios, ecologistas y en defensa de los Derechos Humanos han hecho pública una carta enviada al presidente Lula en la que le solicitan que ejerza su derecho al veto contra esta ley, declarada en su momento anticonstitucional por el propio Tribunal Supremo.
Es una “nueva amenaza de inviabilizar las demarcaciones de tierras indígenas y destruir los derechos fundamentales y humanos de los pueblos indígenas”, detalla el texto, que también alerta de los “daños ambientales irreparables”, como la deforestación, que trae consigo el “marco temporal”.
La eliminación de las reservas indígenas o el cese de la creación de nuevas es una de las banderas levantadas por el agronegocio, que tomó con gran éxito Bolsonaro durante su mandato.
En tanto, según los analistas, Lula tiene ahora una bomba de tiempo en su despacho con la opción de vetar la ley por inconstitucional, lo cual puede jugarle en contra para el apoyo que negocia para su plan económico y de reforma tributaria.
Entidades de los pueblos originarios rechazan el marco temporal y aseguran que no se puede fijar esa fecha de 1988 debido a que muchos fueron expulsados de sus territorios ancestrales, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985).
Al respecto, la Comisión de la Verdad sobre la dictadura brasileña estima que 8.000 indígenas fueron asesinados para permitir la apertura de la carretera Transamazónica, que permitió la deforestación para implementar una política agrícola y de cría de ganado en la selva que se ha convertido en un polo de poder económico del país, que comenzó en los 80 un proceso de declive de su industrialización.