En Sala de Comisiones, los concejales recibieron al supervisor de Establecimientos Públicos de Gestión Privada de la provincia, Eduardo Whiteman, para seguir analizando la situación del ‘Instituto Cristiano del Altísimo School’ quienes reclaman la habilitación del establecimiento. Desde Educación explicaron a los ediles las irregularidades que impiden el funcionamiento de dicha institución en la enseñanza escolar.
RÍO GRANDE.- Los concejales de la ciudad recibieron el viernes último al supervisor de Establecimientos Públicos de Gestión Privada, Eduardo Whiteman, para seguir analizando la situación del Instituto Cristiano del Altísimo School (DAS), quienes vienen solicitando la intervención del Concejo para que se habilite este establecimiento.
La reunión contó con la participación de la concejal Verónica González, Laura Colazo; Miriam Mora y Raúl Von der Thusen; quienes escucharon la exposición del funcionario provincial sobre la situación del instituto remarcando las irregularidades edilicias que cuenta el lugar en el que se enseña a los alumnos, al margen de que no cuenta con las autorizaciones competentes. Además, Whitheman hizo una detallada exposición de las actuaciones que llevó adelante el área que dirige y el Ministerio de Educación.
«El 26 de mayo nos hemos puesto en conocimiento, a través de notas por parte de autoridades del instituto» confió la concejal González, agregando que «solicitaban técnicamente que se revise la posibilidad de acceder a la habilitación». Sin embargo -agregó la edil- «las condiciones reglamentarias del lugar, para ser habilitado, no están dadas» y «tiene un visado antirreglamentario y a partir de ahí y de los dichos de los responsables, funciona una institución educativa».
La concejal Gonález, indicó que «tomamos conocimiento de que a pesar de haber tenido instancias de clausura, no cumplir con las normativas necesarias para funcionar como institución educativa, sí funciona una institución educativa», por lo tanto «como institución pública y política tenemos que tomar intervención».
Pedirán intervención de Minoridad y Familia
González recordó que los concejales «tuvimos una reunión con gente de Planeamiento Urbano y Obras Públicas municipal que nos informaron sobre las cuestiones técnicas referidas al edificio, y además se suma una cuestión social relacionada con la institución educativa» ya que, según se informó, «no es una escuela privada, todavía no está habilitada como tal ni hay documentación al respecto»; por lo tanto reiteró la necesidad de «actuar como funcionarios políticos» desde el Concejo Deliberante.
Por lo tanto “vamos a accionar para empezar a normalizar esta situación y que tome intervención Minoridad y Familia, que fue lo que acordamos en esta mesa técnica con gente de Gobierno y técnicos del Municipio dado que hay una responsabilidad que interviene sobre los derechos del niño en cuanto al estudio y la seguridad».
El Supervisor de Establecimientos Públicos de Gestión Privada de la provincia informó que se trata «de un edificio que no está en regla y se ejerce presión, por todos los medios posibles, para que se habilite para la actividad educativa»; sin embargo, «eso, hoy por hoy, no es posible» y aseguró que no se trata de detalles sino que es necesario hacer «modificaciones edilicias» y si bien recordó que «allí antes funcionaba una escuela de manera normal, pero en el medio ha cambiado el código de planeamiento y edificación del Municipio». Además, el funcionario explicó que «el colegio que allí funcionaba debió mudarse porque no podía sostener la situación de irregularidad respecto al edificio».
Asimismo Whitheman aclaró que «no existe ningún impedimento político ni animosidad», solo que «el edificio no está en condiciones». Por lo que ratificó que «desde el Ministerio de Educación y el Concejo se está viendo la situación de los niños que están cursando desde jardín hasta sexto grado pero no están escolarizados ni van a poder obtener ningún tipo de certificación que sea legal, por lo cual cuando tengan que ir al secundario hay que hacer todo un invento para que tenga derecho a la educación».
«Se han presentado planos que no eran los que correspondían, y hay un manejo con el que se pretende lograr la habilitación pero sucede que no se cumplen ciertas normas»; sin embargo reconoció que el Ministerio de Educación no tiene facultades para interrumpir la educación irregular que se está brindando en el edificio; «no puede hacer una clausura aunque sí se puede rastrear el destino de los alumnos que se fueron de la educación formal».
