Bajo la figura de “Amicus Curiae” o “Amigos del Tribunal” será la participación del Fiscal de Estado, en representación de Tierra del Fuego, en la demanda por coparticipación que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició contra el gobierno central.
USHUAIA.- Mediante la firma del Decreto 905/22, del pasado 25 de abril, el gobernador Gustavo Melella resolvió instruir al fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, para que se presente en la causa “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional s/Ordinario” Expediente 1141/20, en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el decreto, el mandatario provincial solicita al Dr. Martínez de Sucre que participe en la demanda que entabló la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Gobierno central, por la reducción de la coparticipación que fue resuelta al inicio de la actual gestión del presidente Alberto Fernández.
La participación de Martínez de Sucre será en carácter de “Amigos del Tribunal”, en representación de la Provincia, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha previsto y regulado en la Acordada 7/2013 la figura de “Amicus Curiae” o “Amigos del Tribunal”, que tiene la función de “pluralizar y enriquecer el debate constitucional” y la de “fortalecer la legitimación de las decisiones jurisdiccionales” dictadas por ese Alto Tribunal sobre cuestiones de trascendencia institucional.
Melella considera en el decreto que en la demanda ante la Corte “se debate el tema de la coparticipación y porcentajes de su distribución; encontrándose en juego en forma indirecta los mecanismos de reparto de los fondos federales con base en los principios de equidad, solidaridad y grado equivalente de desarrollo de las provincias conforme lo estipula la Constitución Nacional”.
Puntualiza que el “manejo de recursos coparticipables de manera discrecional, alterando el saludable equilibrio entre las partes del sistema, hace necesario la intervención de la Provincia en el proceso, a cuyo efecto corresponde instruir al Fiscal de Estado para que se presente en uso de tal Instituto dando a conocer la posición con respecto al tema en debate”.
El Decreto 905/22 fue publicado en el Boletín Oficial y lleva la firma del Gobernador y del ministro de Finanzas Públicas, Federico Zapata García.