El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Omar Zeidán, atenderá el conflicto que se generó a partir de las cesantías de cuatro centenares de empleados. El funcionario recibirá a representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), La Fraternidad, Luz y Fuerza Patagonia y la Asociación del Personal Superior, Profesional y Técnico.
BUENOS AIRES (NA).- En medio de un clima caldeado por recientes hechos de violencia, el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Omar Zeidán, se reunirá esta semana con dirigentes sindicales para intentar bajar la tensión generada por los despidos de 400 trabajadores, que llevó a una toma de la mina santacruceña.
Ante ese panorama, el hombre a cargo de la firma advirtió que «la empresa se reactiva y se hace productivamente rentable o se cierra».
El funcionario nacional convocó a los representantes de los cuatro gremios vinculados a la mina: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), La Fraternidad, Luz y Fuerza Patagonia y la Asociación del Personal Superior, Profesional y Técnico.
En ese marco, Zeidán atenderá el conflicto que se generó a partir de las cesantías de cuatro centenares de empleados.
Esa decisión oficial generó un fuerte reclamo de los gremios ligados a YCRT, quienes tomaron la mina y el pasado viernes realizaron un escrache frente al inmueble de la firma estatal donde vive el interventor.
Allí, los manifestantes quemaron cubiertas y pintaron con aerosol las paredes y puertas de la propiedad, así como también uno de los autos de Zeidán.
También fueron atacados el domicilio particular del exsubgerente de Recursos Humanos de la empresa minera Raúl Guimard; la concesionaria de autos de Mirey Zeidán, hermano del interventor, y la casa de sus padres; así como también la vivienda del concejal de Cambiemos Samir Zeidán.
En medio de los incidentes que también se registraron en las oficinas de la firma, el subgerente de Asuntos Jurídicos de YCRT, Juan Pons, sufrió «una grave descompensación» y, tras ser internado en terapia intensiva, fue derivado «con urgencia» a la Ciudad de Buenos Aires, informó un comunicado oficial.
La firma acusó que, en ese marco, un médico de apellido Escalante «les negó la asistencia» a Pons «y dijo, ante la sorpresa de quien lo había llamado, que `no les iba a mandar la ambulancia´».
YCRT indicó que el profesional que estaba de turno «es sobrino del actual intendente de Río Turbio y exinterventor de la empresa, Atanasio Pérez Ozuna, principal armador y ejecutor de la mayor corrupción que atravesó al yacimiento en la década pasada y quien hoy encabeza las marchas de protesta batiendo el caos social».
«Está a un paso de ir preso por malversación de fondos públicos, corrupción, cohecho y varios delitos cometidos bajo su gestión, al frente del yacimiento, por la misma causa que (el exministro de Planificación Federal) Julio De Vido está detenido en (el Penal de) Ezeiza», añadió el texto difundido.
«Esto no queda así. Todos van a ser denunciados ante la Justicia y tendrán que hacerse cargo de las responsabilidades que les cabe. Ser patotero y vándalo no va a ser gratis en YCRT.
Van a pagar como corresponde por los daños que hayan cometido y los que cometan», sostuvo Zeidán.
A la vez, el interventor les pidió a «los verdaderos trabajadores de YCRT que no se dejen arrastrar por los grupos radicalizados que pretenden sembrar el caos, buscando que nada cambie para ellos».
«Estamos decididos a seguir adelante en levantar el yacimiento en el corto plazo. No hay opciones en este sentido, estamos en una seria encrucijada: la empresa se reactiva y se hace productivamente rentable o se cierra», advirtió.
E insistió: «Es una cuestión de elección. Nosotros hacemos el esfuerzo por salvarla, habrá que ver quién y cuántos nos quieren acompañar en esta cruzada y quién, quiénes o cuántos prefieren postergar definitivamente nuestras comunidades».
Creada en 1958, la empresa estatal fue privatizada en 1994 durante el Gobierno de Carlos Menem y quedó a cargo del empresario Sergio Taselli. Ocho años más tarde, el entonces presidente Eduardo Duhalde estatizó la firma, mediante la figura de la intervención, a través del decreto 1034/02, que anuló la concesión.