Lo confirmó el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Luis Cárdenas, quien dijo que la Secretaría de Vivienda y Habitad de Nación pidió a todas las provincias “segmentar el perfil del demandante”. Así, el perfil económico de los inscriptos pasará a ser determinante para acceder o no a una vivienda social. Los que tengan propiedades en otras jurisdicciones quedarán inhibidos. Hay más de 10 mil inscriptos en toda la provincia.
RIO GRANDE.- El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se verá obligado a segmentar el padrón de demanda habitacional y el requisito de la antigüedad ya no será el más determinante para poder acceder a una vivienda social. El perfil económico de los aspirantes será uno de los elementos claves que la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación pretende sea tenido en cuenta al momento de entregar una casa a familias que no lo tienen.
El presidente del IPV, Luis Cárdenas, confirmó la información y lo mencionó ayer en la Legislatura con motivo de su participación en la reunión de comisión para analizar el presupuesto del organismo.
“Lo que está pidiendo Nación es segmentar el perfil del demandante, en este marco de emergencia habitacional que hay a nivel nacional, no solamente como premisa y exigencia que para acceder a una vivienda que proviene del Plan Nacional de Viviendas las familias no deben tener otra propiedad en otro lugar del país”, explicó.
Además sostuvo que “se han sumado dos requisitos más: uno de ellos es el perfil financiero que tiene cada una de las familias a los efectos de poder evaluar si corresponde a vivienda social o un sistema intermedio donde empiezan a aparecer actores importantes como son las entidades bancarias que conjuntamente con la Secretaría de Vivienda de la Nación financian obras de viviendas y a partir de allí está el PROCREAR y las asociaciones público – privadas; y también todo lo que tiene que ver con un sistema de base (de datos) en donde la Secretaría de Vivienda de la Nación también evaluará el perfil de cada uno de los futuros adjudicatarios de futuros planes de viviendas sociales”, según publicó El Diario del Fin Mundo.
“El propio Plan Nacional de Viviendas propone segmentar directamente con los salarios vitales y móviles que tiene cada familia” y en ese sentido manifestó que “hasta dos salarios vitales y móviles corresponde para esa tipologías de viviendas (sociales)”. No obstante Cárdenas aclaró que “para la provincia de Tierra del Fuego se está pidiendo una diferenciación”; teniendo en cuenta que en nuestra provincia los salarios “están muy por encima de ese valor”.
El Presidente del IPV admitió que deberán reformular el Padrón de Demanda Habitacional en la provincia bajo los nuevos parámetros. A modo de ejemplo recordó que “el año pasado estaba el programa Techo Digno mediante el cual no se contemplaba el perfil económico de las familias y no era un parámetro a evaluar, a pesar de que desde la provincia se priorizaba avanzar con los casos más vulnerables. Hoy ya es un requisito que existe formalmente a partir de la nueva resolución del Plan Nacional de Viviendas que es la 122/2017 donde se establecen en pocas palabras tres patas: vivienda social, asociación público – privada; y el PROCREAR”.
Sobre el requisito de antigüedad en el padrón de aspirantes Cárdenas sostuvo que “evaluaremos porque tenemos una reglamentación propia” aunque consideró que en principio “entendemos que no colisiona con los otros” nuevos requisitos exigidos por Nación.
Sobre la demanda en la actualidad en la provincia, el funcionario manifestó que “en Río Grande tenemos unas 5 mil familias, en Ushuaia un poco menos, unas 4800 y en Tolhuin son unas 198 familias aproximadamente”.
Cárdenas sostuvo que “como sugerencia y con un ánimo de construcción hemos invitado a los municipios participen y adhieran a lo que es el SINTyS (Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Dirección Nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social) que es una base de datos única que hay en todo el país y que nos permite a los institutos verificar si las futuras familias beneficiarias de viviendas sociales cuentan con una propiedad en el continente. Sobre todo porque lo que se busca es atender la necesidad de aquella familia que no tiene una vivienda por parte del Estado”.