En la sesión de ayer,en el
Concejo Deliberante los planteos sobre los avances en la urbanización
General San Martín fueron parte del debate, a partir de varios
proyectos presentados por los concejales entre los que figuraba la
suspensión del cobro de las cuotas por los lotes y pedidos de
información acerca de las obras.
USHUAIA.- En uso de la Banca del Vecino los pre-adjudicatarios de lotes de la urbanización General San Martín reiteraron el pedido de información sobre la entrega de lotes en el sector y solicitaron “que nos entreguen la tierra”.
Los referentes vecinales sostuvieron que “desde 2016 estamos ilusionados con una tierra que ni siquiera podemos identificar; desde el año pasado está, supuestamente, firmado el contrato para la apertura de calles que no existe. Hace 1 año y 4 meses que estamos pagando, no nos dejan adelantar cuotas ni pagar el total porque ‘eso desfinancia a todos’, según nos dijeron”.
Los vecinos especificaron que en algunos casos “se empezó pagando un plan de 5 mil pesos más alquiler de 15 mil pesos; y este año la cuota se elevó a 7 mil pesos”.
Los vecinos expusieron que el planteo “no es una cuestión política sino social” por lo que pidieron a los concejales que no se los vincule con intereses partidarios ni sectoriales.
Debate de los concejales
El concejal Juan Manuel Romano (UCR) presentó un pedido de información pormenorizada al municipio acerca del estado de las obras en el sector.
Por su parte el concejal Silvio Bocchicchio (ECoS) admitió que los preadjudicatarios “reclaman información que debe ser respondida” por lo que, mediante un proyecto, solicitó al Ejecutivo municipal que organice una reunión con los beneficiarios de las tierras.
Además propuso un proyecto que le posibilita al municipio implementar un plan de refinanciamiento del valor de los lotes preadjudicados y, por otra parte, autoriza la suspensión del pago de los lotes a aquellos vecinos que acrediten la imposibilidad de pago.
En tanto el concejal Juan Carlos Pino (FPV-PJ) defendió la gestión municipal porque “está claro que se decidió llevar adelante un plan de obras públicas” y remarcó que “más allá de la situación económica del país, el intendente decidió continuar con el proyecto”.
“No comparto –los planteos- porque creo que nos estaríamos equivocando si paralizamos la obra o suspendemos los cobros; sostengo que debemos sincerarnos y decir qué es lo que queremos hacer, porque yo veo palos en la rueda”, cuestionó Pino.
“El plan de obras públicas se tiene que llevar adelante y también se busca que mediante el cobro de las cuotas a los vecinos se continúe con los trabajos”, aclaró Pino.
El concejal Tomás Bertotto (PRO) recordó que “en su momento cuando entregaron los lotes en forma precaria dije que estaban muy lejos de ser una solución habitacional; y en definitiva cuando las cosas se planifican mal terminan de esta manera”.
En tanto desde el bloque del MPF, representado por los concejales Ricardo Garramuño y Gastón Ayala, se sostuvo que “no es demagogia pedir reuniones e información” sobre el tema “y que no se diga que estamos paralizando obras porque no se ven obras en ese lugar”, cuestionó Garramuño.
Registro fílmico
Por unanimidad los Concejales de Ushuaia volvieron a sancionar la ordenanza que dispone el registro fílmico en los operativos de tránsito. Lo hicieron luego de aceptar el veto del Ejecutivo a la anterior normativa aprobada.
La nueva Ordenanza aprobada busca “contribuir a la instrucción, coordinación y colaboración en la prevención de contravenciones, infracciones y faltas durante los operativos, otorgando seguridad al conductor y a los trabajadores a cargo de la tarea”.
Uno de los aspectos contemplados por el Ejecutivo para vetar la ordenanza fue rebatido por el concejal Gastón Ayala (MPF) quien argumentó que “el área legal y técnica cita el derecho al consentimiento de las personas, pero nosotros mencionamos la ley nacional que le da la potestad al tránsito municipal a fin de garantizar la seguridad. Este es un proyecto nuevo, mejorado, y agregamos un artículo que subsana este inconveniente”.
La normativa establece además que las imágenes obtenidas serán de carácter confidencial, que solo podrán ser requeridas por magistrados o fiscales que se encuentren abocados a la investigación o al juzgamiento de causas penales o contravencionales.