La central obrera se pronunció así al analizar puertas adentro la marcha de las negociaciones con la Casa Rosada en torno a la reforma laboral, en una reunión del Consejo Directivo realizada en la sede de la calle Azopardo y encabezada por el triunvirato que integran Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña.
BUENOS AIRES (NA).- La CGT ratificó ayer su rechazo al proyecto de reforma laboral, tal como fue planteado por el Gobierno, al señalar que tiene «puntos inaceptables», por lo que pidió «importantes modificaciones» para consensuar la normativa y advirtió que el oficialismo «no tiene los votos para aprobarlo» en el Congreso.
«Estamos en una instancia de conversación de esta iniciativa con el Poder Ejecutivo, vamos a ver hasta dónde llegamos. Esto irá al Parlamento y seguiremos hablando allí. El oficialismo hoy no tiene los votos para aprobarlo», advirtió Héctor Daer en la conferencia de prensa posterior al encuentro.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que la Casa Rosada intente avanzar de manera unilateral con la iniciativa, señaló: «Si no acordamos en el Parlamento, quedará la acción sindical».
A su turno, su colega Juan Carlos Schmid planteó que «si el Gobierno quiere consensuar tiene que hacer importantes modificaciones y desechar otras cosas».
Los dirigentes cegetistas aclararon que están de acuerdo con los cambios puntuales que venían charlando con el Ministerio de Trabajo (blanqueo laboral de trabajadores informales, formación profesional y la creación de la Agencia de Tecnología Médica), pero del proyecto integral que presentó luego el Gobierno sólo aprueban sin reparos la extensión de licencias por paternidad.
Del resto del borrador, indicaron que hay puntos que se pueden debatir pero rechazan 14 artículos que consideran «el corazón del proyecto», es decir todo lo referido a la Ley de Contrato de Trabajo, en especial «el cambio de filosofía del trabajo como relación tutelar y que ahora trata de nivelar las asimetrías entre el empleado y el empresario», indicó Daer.
«Hay ítems inaceptables y otros pueden ser discutidos, pero no hay avances como salió en algunos medios», insistió el diputado y referente del gremio de Sanidad.
Los dirigentes sindicales señalaron que la semana próxima habrá una nueva reunión entre los abogados de la CGT y los técnicos de la cartera laboral, donde estos deberán hacer una devolución de las observaciones que hicieron los representantes de los gremios sobre las tres iniciativas que negociaban antes de la presentación de la reforma laboral, mientras que indicaron que en esas reuniones técnicas no se están abordando otras cuestiones del borrador.
Pese a la tensión entre el sector más dialoguista de la CGT (triunvirato, gordos e independientes) y el moyanismo que rechaza de plano la reforma laboral, la postura de los primeros en no avalar el proyecto -aunque manteniendo abierta la negociación con la Casa Rosada- hizo que no se profundizara el malestar entre ambos sectores.
Además de los integrantes del triunvirato, asistieron a la reunión Andrés Rodríguez (UPCN), Francisco Gutiérrez (UOM) y los moyanistas Omar Pérez (Camioneros), en representación de Pablo Moyano quien se encuentra en Roma; Omar Plaini (Canillitas), Julio Piumato (Judiciales), Jorge Sola (Seguros), Amadeo Genta (Municipales porteños) y Sergio Romero (UDA).
La CGT también extendió su preocupación sobre la reforma previsional que prevé el Gobierno, ya que Schmid planteó que «los cambios en la fórmula para calcular los aumentos (jubilatorios), pasando del Ripte a la inflación futura, generaría un ahorro que el Gobierno procura utilizar para compensar el Fondo del Conurbano».
Los puntos del proyecto que más resistencia generan en la CGT son la modificación del artículo 4 de la ley de contrato de trabajo para igualar los derechos y las obligaciones del empleador y del empleado; y la creación de un «banco de horas», por el cual el cómputo de la jornada máxima, diaria o semanal pasa a ser anual, permitiendo compensar los excesos de jornada a lo largo de un año y sin pago de recargo por horas extra.
También rechazan la intención de reducir el cálculo para el pago de las indemnizaciones, eliminando del cómputo el aguinaldo, horas extras y otros ítems y la reducción del plazo para iniciar demandas por despido, que hoy prescribe a los dos años y se pretende bajarlo a uno.
Cuestionan además los puntos del borrador que promueven la flexibilización del criterio de «ius variandi», que prohíbe la modificación unilateral de las condiciones de trabajo del empleado y otros que facilitan la tercerización y subcontratación de empleados.