BUENOS AIRES (NA).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió ayer al Estado argentino a dar «pronta respuesta» al pronunciamiento del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que calificó la detención preventiva de Milagro Sala como arbitraria y reclamó su liberación inmediata.
«La CIDH expresa su preocupación con respecto a la detención preventiva prolongada de Milagro Sala y llama al Estado argentino, en particular a la provincia de Jujuy, a tomar acciones urgentes para responder las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo», indicó el organismo, que ya fue invitado por la Casa Rosada a enviar una misión a la Argentina para evaluar in situ la situación de la líder de la organización Tupac Amaru.
En su pronunciamiento, agregó que Sala «es una conocida líder de la sociedad civil en Jujuy quien fue detenida en el contexto de una protesta social» y advirtió que «la Comisión y su Relatoría Especial han reiterado que la protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado y no sujeto a criminalización».
La respuesta del Gobierno de Mauricio Macri fue inmediata: menos de una hora después de que se conociera el pronunciamiento de la CIDH, la Cancillería difundió un comunicado en el que señaló que «toma nota» del reclamo, pero ratificó que en este caso «ha adoptado todas las medidas de conformidad con las normas constitucionales aplicables, con las especificidades propias de un Estado federal».
«El Gobierno argentino toma nota de lo señalado y, tal como se hiciera con la opinión que emitiera el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se notificará de inmediato su contenido a la Justicia de la provincia de Jujuy para su conocimiento y acción, para que tome la intervención que corresponda», indicó el texto dado a conocer por la cartera diplomática que conduce Susana Malcorra.
La nota del Gobierno señaló además que «la República Argentina ha adoptado todas las medidas a su alcance de conformidad con las normas constitucionales aplicables, con las especificidades propias de un Estado federal», mientras que la CIDH «cuenta también con la información remitida al Grupo de Trabajo, que provee los elementos aportados por la justicia de Jujuy sobre este caso».