La doctora Laura Monti, titular de la Procuración General de la Nación, avaló que sea la Corte Suprema la que resuelva los pedidos hechos por las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Santa Cruz, para que se deje sin efecto el congelamiento del precio de los combustibles que Macri dictó por Decreto.
BUENOS AIRES (NA).- La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema de Justicia es la que debe resolver el planteo de inconstitucionalidad que interpusieron varias provincias petroleras contra el decreto del presidente Mauricio Macri para congelar el precio de los combustibles.
Lo avaló así la Procuradora Laura Monti antes que la Corte resuelva los pedidos hechos por las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Santa Cruz.
El planteo que hicieron ante el Alto Tribunal es para suspender el decreto de Macri, al cual tildaron de inconstitucional por la afectación que ejerce sobre las economías provinciales tal medida económica.
Previo a resolver si hace lugar o no al pedido de inconstitucionalidad, la Corte giró el expediente a la Procuración, la cual ahora determinó que es competencia del Alto Tribunal el tema.
Ello “en atención a la naturaleza de las partes corresponde la competencia originaria de la Corte”, dispuso Monti en el escrito.
Las provincias dijeron que la medida anunciada por el presidente del congelamiento de aftas y decida por decreto, es “manifiestamente inconstitucional”.
“El Poder Ejecutivo Nacional se arrogó inconstitucionalmente, mediante el DNU el dictado de normas de carácter legislativo, en detrimento de las que son propias del Congreso de la Nación”, adujeron.
“El DNU que impugnamos, en tanto modifica inconstitucional y arbitrariamente, el precio de las operaciones de venta de petróleo crudo y –consecuentemente- la base de cálculo para la liquidación y pago de las regalías petrolíferas e impuesto a los Ingresos Brutos que deben las concesionarias de explotación de la Provincia de Río Negro, y en su perjuicio, afectan de forma directa y actual la percepción de sus rentas públicas, que son cuantitativamente muy significativas, por ser un principal recurso corriente para atender los gastos y necesidades del Estado provincial”, sostuvo la provincia de Río Negro.
En ese sentido, las provincias marcaron que la medida repercute negativamente en las economías locales “por una menor recaudación tanto de regalías como de impuesto a los ingresos brutos, en tanto se encuentra directamente vinculada a la diferencia entre el precio de mercado del petróleo crudo «Brent» y la paridad efectiva entre el peso argentino y el dólar estadounidense”.