La Defensoría Pública Federal dejó el edificio histórico y tiene nueva sede en Río Grande

El nuevo edificio “está a la altura de los avances que he visto en la ciudad de Río Grande”, evaluó la doctora Stella Maris Martínez

Ayer se inauguró en Río Grande la Defensoría Pública Federal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia. El acto fue encabezado por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez. La funcionaria dijo que el nuevo edificio “es un orgullo y está a la altura de los avances que he visto en la ciudad de Río Grande”.

RIO GRANDE.- La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, encabezó la apertura del nuevo inmueble que se encuentra en la calle Ricardo Rojas 995, donde funcionará de ahora en más la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia.

En el acto estuvieron presentes el vicegobernador, Juan Carlos Arcando; el intendente, Gustavo Melella; el titular de la dependencia inaugurada y el defensor público oficial Guillermo Miguel Garone

Stella Maris Martínez afirmó: “El Ministerio Público de la Defensa (MPD) cubre todas las jurisdicciones federales del país y nosotros tenemos la obligación de proveer y velar por todas las Defensorías Federales. En el caso particular de Río Grande, la Defensoría estaba instalada en un lugar que no satisfacía las necesidades mínimas del trabajo, ni para los empleados ni para el público”.

Dijo que en “un esfuerzo conjunto, logramos que nos cedan el terreno y con los arquitectos de la Defensoría General construimos este hermoso edificio, que es un orgullo y está a la altura de los avances que he visto en la ciudad de Río Grande”.

Además, la titular del Ministerio Público de la Defensa de la Nación manifestó su voluntad de “incrementar las relaciones con la comunidad” de Río Grande, en especial con los sectores más vulnerables.

“Queremos intensificar en esta región el trabajo de nuestros programas, que tienen que ver con violencia de género, con trata, tanto sexual como laboral, con migrantes, con refugiados. Ahora que tenemos una base adecuada, vamos a incluir todo ese tipo de actividades en nuestro cronograma de trabajo”, dijo la doctora Martínez

Detalles del edificio

El Departamento de Arquitectura de la DGN se encargó del proyecto y de la dirección de la obra, que fue ejecutada por licitación pública. En el terreno, cedido al MPD por la Municipalidad, se construyó un edificio moderno de 250 metros cuadrados, climatizado en todos sus ambientes, que cuenta con condiciones accesibilidad y está equipado con baños preparados para personas con discapacidad. La inversión total fue cercana a los $6 millones.

El domicilio donde funcionó la Defensoría hasta hace un año era un pintoresco pero antiguo edificio de madera, ubicado en San Martín 261. Si bien esa construcción, que además anteriormente albergaba al Juzgado de Paz de la ciudad, está arquitectónicamente protegida por la Municipalidad, con el devenir de los años se tornó necesario contar con mejores condiciones edilicias para la atención al público y para el trabajo de quienes se desempeñan en la Defensoría.

Casos más requeridos

El vicegobernador Juan Carlos Arcando detalló la importancia de la “Defensoría Oficial, señalando que es “una institución de defensa y protección de derechos humanos que garantiza el acceso a Justicia y asistencia jurídica integral. Inicia toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos de las personas, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad”.

Dijo que “en Tierra del Fuego las más requeridas son las referidas a los jubilados y pensionados de ANSES, en lo que respecta al reclamo por la Reparación Histórica; los reclamos por la atención de las obras sociales nacionales, entre otras”.

En diálogo con Prensa Legislativa, el titular de la Defensoría en Rio Grande, doctor Guillermo Garone, dijo que entre las funciones de la repartición, abordan “delitos de contrabando, narcotráfico, infracciones aduaneras”, en el ámbito criminal.

En cuanto a la faz civil, el organismo judicial atiende “asuntos sobre jubilaciones y pensiones a nivel nacional, reclamos ante la AFIP y ANSES, el resguardo de los derechos civiles amparados en la Constitución Nacional”.