La procuradora fiscal Laura Monti dictaminó a favor de la competencia originaria del Máximo Tribunal para tramitar las demandas de las provincias por la afectación de los recursos de coparticipación por la reducción del IVA y Ganancias.
USHUAIA.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá entender en la demanda que la gobernadora Rosana Bertone y otros gobernadores peronistas formularon contra el Gobierno nacional por la reducción del IVA y Ganancias que provocan una merma en la coparticipación federal de impuestos.
El portal Diariojudicial.com publicó ayer que la procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Laura Monti, opinó que deben tramitar ante el Máximo Tribunal todas las demandas impulsadas por las provincias contra las rebajas y cambios en los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y Ganancias.
El dictamen se dio en una demanda promovida por Santiago de Estero. Sin embargo, otras provincias como Entre Ríos, Catamarca, Salta, Tierra del Fuego, La Rioja, Chubut, Santa Fe, San Juan y Santa Cruz realizaron presentaciones similares, donde la procuradora fijó la misma postura y remitió los fundamentos en «razón de brevedad».
Las provincias acudieron a la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de los decretos 561/19 y 567/19 y las resoluciones generales de la AFIP 4546/19 y 4547/19. En lo sustancial, impugnaron tales disposiciones por considerarlas “violatorias del régimen federal de coparticipación de recursos fiscales”.
Cabe recordar que la eliminación del IVA en alimentos, la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y la rebaja de aportes son parte de un paquete de medidas adoptado por el Gobierno nacional tras los resultados de las PASO.
Los Estados Provinciales señalaron, además, que las medidas “desconocen el principio de legalidad en materia tributaria” y que “constituyen un exceso en la actividad delegada que corresponde al Poder Ejecutivo Nacional y desconocen los límites fijados en la Carta Magna”. También destacaron el “perjuicio económico” que causarían en “su política fiscal y financiera”.
En este escenario, Monti estimó que corresponde la competencia originaria de la Corte. Esta decisión va en línea con lo dictaminado días atrás en el conflicto por el congelamiento del precios de los combustibles, donde también opinó a favor de la competencia originaria del Alto Tribunal.