El juez Manuel Isidoro López resolvió sobre la acción de habeas corpus presentada por el Comité contra la Tortura, recomendando además a los jueces “la utilización de alternativas no penalizantes en los casos que pueda evitarse la privación de la libertad”.
USHUAIA.- En una reciente resolución, el juez Manuel Isidoro López, dispuso medidas para dar solución a la sobrepoblación carcelaria, luego de corroborar lo denunciado por el Comité de Evaluación de la Convención contra la Tortura en una medida constitucional extraordinaria.
El 10 de abril de este año, el legislador Pablo Villegas en su carácter de Presidente del Comité, interpuso un habeas corpus en favor de todas las personas alojadas tanto en la Alcaidía Central como los Anexos del SPP en Ushuaia, solicitando un cupo máximo de hasta 24 personas. También solicitó que en el plazo de noventa (90) días, proceda a adecuar el número de personas alojadas y a que, “en lo sucesivo, las variaciones de la capacidad de alojamiento se autorice judicialmente previa vista de este Comité para su intervención y debido control …”
El escrito denunciaba que “hay personas privadas de la Libertad (PPL) que durante la noche duermen en el piso o arriba de una mesa sobre colchones en pésimo estado y lo hacen en áreas que inicialmente y hasta hace poco tiempo tenían otro destino denominados SUM, las que además de ser de escasas dimensiones, son utilizadas durante el día como lugar de encuentro o para almuerzo y cena…” de los internos alojados en el Pabellón 1”.
En cuanto al estado del inmueble, hizo observaciones respecto de “antiguas instalaciones eléctricas, conexiones clandestinas, pasillos abarrotados de colchones”, manifestando además que faltan insumos de limpieza, aseo personal y falta de espacios comunes.
Una vez producida la prueba solicitada, el 07/10/2024 se celebró una audiencia con la presencia de todas las partes, oportunidad en que el Dr. Villegas ratificó la demanda en su totalidad.
Las pruebas corroboraron “la situación de hacinamiento, que deriva en otras problemáticas como la falta de espacio para ejercitarse, la necesidad de un lugar adecuado donde recibir visitas, falta de asistencia psicológica y una posible sobrecarga estructural del establecimiento correspondiente a la Alcaidía Central y los Anexos sitos en Goleta Florencia y Olegario Andrade. Finalmente, se puede destacar, que hace referencia a la proyección para el presente año de crecimiento de la población que implicaría que la situación se vuelva más gravosa”.
“En tales oportunidades, efectivamente se evidenció la sobrepoblación denunciada por la accionante en el escrito de demanda. Especialmente en el pabellón N° 1 de la Alcaidía Central, es el que más sobrepasado se encuentra en cuanto a su capacidad. Esta circunstancia se debe a que allí se encuentran alojados los condenados por delitos sexuales y personas privadas de la libertad de manera preventiva”.
“Se debe dejar por sentado que, en oportunidad de realizar los recorridos, los internos aprovecharon el acercamiento de los funcionarios para realizar reclamos que guardaban estrecha relación con el objeto de la demanda, poniendo énfasis en la falta de espacios, falta de recreación y las condiciones poco dignas en las que debían recibir a sus familiares cuando tenían visitas”, detalla la resolución del juez López.
Según se desprende del escrito, en las inspecciones realizadas por el STJ, no se hallaron rajaduras que puedan evidenciar riesgos de derrumbes, pero sí constataron la presencia de cableados antiguos, calefacción insuficiente, falta de ventilación, evidente superpoblación y condiciones de hacinamiento, falta de espacios de esparcimiento, colchones en los pasillos y en piso de los espacios comunes volviéndose esto un castigo accesorio a la privación de la libertad.
En cuanto una eventual catástrofe como un incendio, terremoto o motín, las inspecciones determinaron que los establecimientos penitenciarios están preparados para ello.
Con todo lo actuado, el magistrado resolvió ordenar al Poder Ejecutivo provincial que en plazo de treinta (30) meses tenga iniciada la construcción de un nuevo edificio para el alojamiento de personas privadas de libertad, debiendo contemplar un lugar diferenciado y separado para las con prisión preventiva y/o condena firme.
Además requirió a la Dirección del Servicio Penitenciario Provincial un listado nominativo de internos alojados en el Pabellón N°1 para contar con datos actualizados y establecer el punto de partida de la reubicación de los internos.
También solicitó al Servicio Penitenciario Provincial que de manera paulatina y progresiva concrete y finalice el traslado de internos del Pabellón N° 1 a otros espacios antes del 10 de abril de 2025.
Por último exhortó “a los tres poderes del Estado a la colaboración en la problemática carcelaria, para lo cual deberán aportar las herramientas con las que cada institución Estatal pueda colaborar en conjunto y en el ámbito de su competencia específica. Destacando herramientas legales que permitan acceder a los recursos para la construcción de nuevos lugares de alojamiento. Asimismo la utilización de alternativas no penalizantes en los casos que pueda evitarse la privación de la libertad”.
Otra crisis para el Gobierno
En su resolución, el juez Manuel Isidoro López afirmó que “tomando en cuenta, la proyección de ingresos futuros en el marco de los juicios pendientes en los dos próximos años, se espera un ingreso de 40 a 60 nuevas personas, sin producirse un flujo de recambio de un egreso equivalente en razón a la cuantía de las penas y la restricción normativas de salidas anticipadas”.
Y sostuvo que “sin ignorar que en la Provincia de Tierra del Fuego, ha rebasado la capacidad instalada en muchas de las funciones esenciales, atravesando una crisis energética, edilicia educativa y sanitaria, la carencia de capacidad edilicia para el alojamiento de personas privadas de libertad es una problemática que debe abordar el Poder Ejecutivo provincial con la misma seriedad y dedicación que las restantes priorizando la misma dentro de su agenda y política de estado, con acciones concretas que requieren, dedicación, gestión y recursos. Puesto que es obligación de los que detentan el poder del Estado dar las soluciones que se plantean en una sociedad como la nuestra”.