La Comisión de Salud de la Legislatura recibió a integrantes de SIPROSA con quienes abordó el acta acuerdo-comodato por la utilización de quirófanos públicos a prestadores privados. Cuestionaron la ambigüedad del texto normativo, la falta de claridad y especificación respecto de utilización de insumos hospitalarios y montos a abonar. Darán intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia y Fiscalía de Estado.
USHUAIA.- Los doctores Carlos Cabrera y Rubén Zapponi fueron recibidos por integrantes de la Comisión 5, donde expresaron su parecer sobre la utilización, por parte de prestadores privados, de quirófanos en hospitales públicos. Manifestaron su posición respecto del acta, los alcances y duración como así también la designación de directores generales.
La legisladora Liliana Martínez Allende (UCR), adelantó que darán parte a los órganos de contralor pertinentes con el propósito de conocer su opinión sobre la modalidad de contratación. “Nos parece un contrato bastante amplio, donde se han dejado de lado muchas cuestiones para el resguardo del Estado provincial y del hospital público”, dijo.
La Parlamentaria señaló, como uno de los “problemas”, la extensión de la vigencia del acta. “No termina el 17 de diciembre, cuando se va este Gobierno, sino que tiene una duración de un año”. En este sentido, expresó la preocupación de la Comisión de Salud, al no tener en cuenta cuestiones internas relacionadas con el funcionamiento de los quirófanos, anestesiología e insumos. “No tenemos insumos para la población en general, mucho menos, vamos a tener para darle a una empresa que va a lucrar con la utilización del hospital público”.
Sobre un contacto con la titular de la cartera, ministra Adriana Chapperón, la Parlamentaria dijo que aguardarán la respuesta de los órganos de contralor. Evaluó que es más importante que se reúna con los integrantes de SIPROSA. “Ella se ha comprometido a recibirlos la semana próxima”, cerró.
En tanto, desde el FPV, la titular de ese espacio señaló que han analizado el texto normativo del acta acuerdo “y vemos que hay muchas puertas abiertas”. Señaló poca claridad respecto de las “responsabilidades de la empresa como del Estado en el cumplimiento del contrato”. Asimismo, agregó que han tomado la determinación de “enviar un pedido de información al TCP y Fiscalía de Estado”.
