Tras el DNU dado a conocer por el presidente Javier Milei, desde el Gobierno, Municipalidad y representantes ante el Congreso expusieron sus puntos de vista. Hay tranquilidad porque la Ley 19.640 no se ve afectada, pero se analizan otras medidas que perjudican a la economía provincial.
RIO GRANDE.- El presidente Javier Milei aseguró ayer que el régimen de promoción industrial que rige en la provincia de Tierra del Fuego, mediante la Ley 19.640; “no se toca” y continuará vigente.
“No se toca porque hay derechos adquiridos. Se renovó el año pasado”, señaló el Presidente al ser consultado sobre el tema en una emisora radial de Buenos Aires, luego de haber emitido un DNU donde en uno de sus puntos habla de derogar la Ley de Promoción Industrial.
A pesar de causar tranquilidad la vigencia de la 19.640; las medidas resueltas por el Gobierno nacional afectan a la economía provincial y por ello, desde el Ejecutivo provincial están analizando las mismas para luego emitir un pronunciamiento. De todas maneras, algunos representantes en el Congreso hablaron con El Sureño y fijaron postura.
Atención y preocupación
Desde el Gobierno provincial la ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, siguió con “atención y preocupación” los dichos del primer mandatario nacional, sobre todo en lo que respecta a los alcances para Tierra del Fuego.
Fernández dijo que “el Gobernador ya se encuentra analizando a fondo el Decreto de Necesidad y Urgencia elaborado por el Presidente de la Nación. A la vez ya se puso en contacto con diputados y senadores nacionales que representan a nuestra provincia, ya que ese decreto tendrá que ser tratado en el Congreso nacional”.
La funcionaria sostuvo que la decisión política de nuestro Gobernador es defender la Ley 19.640 y el subrégimen industrial, que es en lo que estamos de acuerdo todos los fueguinos y fueguinas. En una primera lectura y tras los dichos del presidente Milei, la derogación de la promoción industrial a la que hizo referencia es la que está encuadrada en la Ley 21.608”.
Consejo Económico y Social
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, expresó que “ante los anuncios del Gobierno del presidente Javier Milei el mismo pretende cambiar la forma en que los argentinos y las argentinas nos desarrollamos social y económicamente de forma unilateral, entendemos que es momento de convocar a un Consejo Económico y Social para analizar el detalle de los alcances del DNU”.
Remarcó, además, que “recurrirá a cada instancia judicial y política para defender los intereses de cada vecino y vecina de nuestra provincia”.
Por último manifestó que este es “el momento de encontrarnos unidos en defensa de nuestra soberanía, nuestra industria y cada puesto de trabajo de los fueguinos”.
“No se toca la 19.640”
El diputado nacional oficialista, Santiago Pauli, explicó que dentro de las medidas que se buscan modificar mediante el decreto “no se toca la 19.640, no se modifica en nada lo relacionado con el subrégimen de promoción industrial y no se pretende cambiar el estado de Tierra del Fuego como área aduanera especial” sostuvo, con la intención de aclarar las dudas que existían en torno a las diferentes medidas anunciadas por el presidente Javier Milei. “Eso es lo importante para nosotros como provincia”.
Pauli defendió la medida adoptada por el Jefe de Estado al considerar que “estamos en un estado de emergencia en el que venimos desde hace varios años y se ha agudizado profundamente”.
Indicó que dentro del contexto “de desastre” económico y social que atraviesa el país el DNU busca ir directamente a las causas que permitirán revertir las situaciones “que estamos viviendo”. De esta forma, Pauli aclaró que el Gobierno mediante el decreto busca revertir directamente la situación de crisis por la que la sociedad se encuentra atravesando actualmente.
En relación a los diferentes puntos que concentra el decreto, el Diputado fueguino sostuvo que se busca otorgar a las empresas una mayor cantidad de herramientas laborales, “que es un reclamo constante de las empresas”. Con esto hace referencia a la reforma laboral que busca implementar Milei, “esto dará más herramientas de contratación, flexibilización de muchas cosas que eran rígidas y eran las excusas por las cuales las empresas utilizaban herramientas como el famoso PPD”, lo que dejaba a gran parte de los trabajadores dentro de una incertidumbre laboral, “estaban dentro de un eterno gris”.
Pauli solicitó a las empresas ajustarse a dicho contexto que se busca implementar y, con ello, brindar mayor estabilidad para los trabajadores, “porque si no corremos el riesgo que desde el sector público se tenga que salir al rescate del sector privado”.
A todo o nada
En tanto el senador Pablo Blanco entendió que las medidas dispuestas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el Presidente “hasta el momento no afectan al régimen industrial de Tierra del Fuego”, incluso reconociendo que el propio Javier Milei, brindó una entrevista telefónica con Radio Rivadavia en la cual se expresó puntualmente en relación a la situación industrial de la provincia.
Blanco aclaró que a partir de ahora, y por el lapso de 20 días hábiles, deberá conformarse la comisión bicameral, la cual será la encargada de analizar si es formal o no la presentación, para luego ser girada al congreso, quienes deberán darle el tratamiento y definir si es formal o no la presentación. “No entramos en el fondo del tema, eso ya está vigente salvo que el congreso lo rechace y me están obligando a rechazar cosas que yo estoy de acuerdo al poner peras con manzanas todas juntas”, sostuvo el senador.
Finalmente, explicó que la firma del DNU por parte del presidente Milei puede ser tomada como una jugada arriesgada. “Acá o aprobás o rechazás, no se puede modificar nada”, agregando que “no hay aprobación parcial”.
Blanco, a modo personal, indicó que Milei debería haber presentado diversos DNU, “en este caso, se modifican más de 300 leyes y ellos mismos aseguran que fue un trabajo que les demandó más de dos años a un grupo de personas” para llevar adelante este tipo de modificaciones. Esta situación difícilmente pueda ser discutida y tratada en un plazo de 20 días hábiles tal como lo establecen las normas.
“Me parece que se equivocó la mecánica o hay una intencionalidad marcada, en la que le marca la cancha al Congreso de la Nación”, ya que en el caso de ser rechazada “el Presidente podrá decir que la casta no me permite gobernar”.