Lo aseguró Francisco Ibarra, procurador Penitenciario, quien asumió el nuevo cargo creado hace un mes. “En 30 días tenemos iniciados seis expedientes, con dos medidas y una acción con causa penal” señaló. El funcionario dijo que en Ushuaia no se cumple ningún requisito para la detención de personas apuntando a la Alcaidía como un “aguantadero de personas”. Y apuntó que en Río Grande, con una población carcelaria de 102 reclusos, no cuentan con un médico.
RIO GRANDE.- Creada hace un mes, la Procuraduría Penitenciaria a cargo del doctor Francisco Ibarra cuenta con un presupuesto de 2.300.000 de pesos para lo que queda del año 2015. “Hay que tener en cuenta que la procuración recientemente creada no tiene nada, hay que alquilar las oficinas en Ushuaia y Río Grande, incorporar mobiliario y computadoras necesarias para el desempeño de la actividad, todo eso ha sido incorporado en este presupuesto”, dijo Ibarra en Radio Nacional Ushuaia.
En tanto el personal de la estructura que se ha previsto para esta institución, además del procurador y procurador adjunto, son dos abogados, uno en cada ciudad y tres empleados en Ushuaia y otros tres en Río Grande.
“Con eso tenemos que cubrir todas las necesidades de esta dirección, la función es velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales de los derechos de los internos”, señaló el funcionario.
Ibarra consideró que “la labor para realizar es importante y demanda mucho esfuerzo en ambas ciudades, en 30 días tenemos iniciados seis expedientes, con dos medidas y una acción con causa penal”.
En este orden explicó que “ayer mismo tuvimos que hacer una presentación por una privación ilegítima de la libertad, en un caso de instrucción, que no se efectivizó hasta cinco días después que la mujer seguía presa, durante esos cinco días se encontraba privada de la libertad sin orden judicial”.
Al mismo tiempo agregó que “se pidió la constatación de la cocina de la Unidad de Detención de Río Grande y también el trámite de un médico y ver la situación de Ushuaia, donde tampoco tienen ninguna actividad que se realice, no cumple los requisitos mínimos para una Unidad”.
Para el procurador el balance realizado sobre el servicio en este mes es negativo. “La situación del sistema penitenciario es pésima con una ausencia total del Estado en lo que se refiere a las unidades de detención. Ushuaia no puede tener el servicio que tiene, porque no es una unidad, y no cumple ningún requisito”, indicó.
Y expresó que “el interno se levanta en Ushuaia, no hace ninguna actividad porque no hay, que pretenda la resocialización. Termina siendo un aguantadero de personas y ese no es el objeto de la pena, tener un depósito de personas”.
En tanto en Río Grande hay 86 internos en la Unidad de Detención, aunque son 102 los privados de la libertad, pero no hay un solo médico. “El médico está en Ushuaia y debe trasladarse a Río Grande cada quince o veinte días, no hay un seguimiento de las personas alojadas. Si hay una persona que tiene un problema de salud debe esperar a que le consigan un turno o ser trasladado al hospital en el mejor de los casos”, explicó.
“Es requisito mínimo por la cantidad de personas alojadas, tener un servicio de salud, o al menos un médico y por lo menos dos enfermeros”, sumó.
