BUENOS AIRES (NA).- Alrededor de 40 millones de argentinos recibe alguna ayuda del Estado Nacional: Asignación Familiar por Hijo (AUH), Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), crédito a tasa cero, Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), entre otros. Apenas algo más de 4 millones de argentinos no necesitan esa ayuda, que hoy se financia más con emisión monetaria que con recaudación.
Los datos surgen del “Informe de Panorama Productivo” para junio, publicado por el Ministerio de Desarrollo Productivo. El mismo trabajo apunta que, en un semáforo productivo, apenas dos sectores están en verde (medicamentos y agroquímicos), uno en amarillo (alimentos), y los restantes once relevados están en rojo. “La reactivación económica comenzó, pero las secuelas de la pandemia se sienten”, se apunta en el informe.
Allí se señala que “entre febrero y abril, alrededor de 15 mil empresas dejaron de presentar declaraciones juradas de seguridad social ante AFIP (el 2,8% del total); el sector de hoteles y restaurantes fue el más afectado, con una caída del 8% en la cantidad de empresas que declaran. Si bien es prematuro catalogar esto como cierres definitivos, es un dato que ilustra el daño que ha generado el COVID-19”.
En cuanto a los puestos de trabajo perdidos, la misma superó los 100.000 puestos de trabajo entre marzo y abril, pero considerando sólo aquellos que están en blanco. Las bajas laborales, de acuerdo al informe, “se producen por distintas razones -renuncias, finalización de contratos, finalización del período de prueba, etc.- no se compensan con nuevas contrataciones. A ello se le suman las suspensiones, que alcanzaron en abril al 7,5% de los ocupados”.
El programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) tuvo mayor incidencia en algunos sectores que en otros.
De los que pidieron esa asistencia, el mayor porcentaje se dio en dos sectores: hoteles y restaurantes, por un lado, y servicios culturales, deportivos y de esparcimiento, por el otro. En ambos casos, con el 82,4%. Le siguen industria (67,3%), construcción (62,5%) y servicios inmobiliarios (64,3%). En el otro extremo, de menores aprobaciones, están enseñanza (7,3%), información y comunicaciones (36,9%).