Junto a exjueces y abogados, las Madres de Plaza de Mayo exigieron el juicio político contra los miembros del máximo tribunal de Justicia que votaron el fallo que habilita aplicar el 2×1 en las condenas a los militares condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
BUENOS AIRES (NA).- Las Madres de Plaza de Mayo repudiaron ayer frente a Casa Rosada la decisión de aplicar la ley 2X1 para crímenes de lesa humanidad y, en conjunto con abogados, reclamaron el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema que votaron a favor la medida.
«Las cuestiones jurídicas se las voy a dejar a los abogados, que se van a explicar mejor que yo. Yo quiero hablar de nuestros hijos, de los que van a pasar a la historia», comenzó diciendo Hebe de Bonafini, presidenta del organismo, en una conferencia de prensa.
Durante el acto en la emblemática Plaza estuvieron además Carlos Rosanski, exjuez del tribunal federal federal que condenó al represor Miguel Etchecolatz, y los letrados Eduardo Barcesat y Pablo Llonte.
«Mañana en Santa Fe nos reunimos abogados y abogadas de todo el país para decidir las medidas que vamos a tomar, que desde ya van a ser todas: el pedido de juicio político, la denuncia penal», anticipó Llonte.
Además, el abogado especializado en Derechos Humanos aseguró que «el fallo es uno de los instrumentos por los cuales el macrismo y el radicalismo han llevado y quieren llevar adelante para largar a todos los genocidas».
«Rosatti, Rosenkrantz y Highton han sido los autores de este fallo y no olvidaremos que son los dos jueces que quiso meter por la ventana Macri a poco de asumir», agregó respecto a los tres jueces de la Corte que votaron a favor.
Por su parte, Rosanski aseguró que, con la sentencia del máximo tribunal, «hoy peligra nuestra pertenencia» en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
El exmagistrado destacó que ese organismo internacional había aclarado que las investigaciones en este tipo de causas «deben hacerse con seriedad y no como una mera formalidad».
«Acá había dos opciones, como las hay siempre en Derechos Humanos, o se está con la moral de los Derechos Humanos o no se está. Ayer se decidió no estar, nosotros sí estamos», sentenció Rosanski. En tanto, Barcesat también criticó lo que él calificó cono «lamentable pronunciamiento de voto de mayoría» y consideró que «da vergüenza que profesionales del derecho» deban «ceder frente a una norma procesal derogada, para beneficiar a genocidas».
El abogado rechazó además que la decisión de la Corte Suprema sea calificada como una medida «de humanismo penal, diciendo que si es una ley más benéfica debe ser aplicada porque este es el principio de legalidad».
«Principio de igualdad es que los que están en igual situación sean considerados iguales, pero los que han cometido hechos atroces y aberrantes, que son los crímenes de lesa humanidad, merecen ser tratados como dicen las convenciones sobre el genocidio y de lesa humanidad», opinó.
El letrado precisó en este sentido que para estos casos, «porque lo dice esa norma, no hay beneficio ni de amnistía, ni de indulto ni de conmutación de pena y mucho menos la aplicación de una ley derogada».
«Creo que los jueces que han firmado este fallo, efectivamente deben ser llevados a juicio político por mal desempeño», concluyó Barcesat.
Hebe de Bonafini cerró el acto con alusiones al kirchnerismo: «Solo en el Gobierno de Néstor y Cristina se pudo avanzar con los juicios contra los militares».
