Una delegación de este organismo de derechos humanos se encuentra en la provincia para realizar el reclamo administrativo y crear espacios de diálogo con las autoridades a fin de revertir esta situación. La objeción de conciencia del equipo de ginecología del Hospital Río Grande es el principal condicionante junto a la falta de información.
USHUAIA.- La directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey e integrantes de la ONG, mantuvieron reuniones con profesionales médicos y dieron a conocer el diagnóstico realizado por ese organismo de derechos humanos respecto de la aplicación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) en nuestra provincia, que arroja graves deficiencias. Ayer fueron recibidas por el legislador Pablo Villegas para solicitar que el Parlamento fueguino se involucre en este asunto.
“Los comité nacionales o locales han tenido un rol fundamental y creemos que, con un marco normativo mucho más favorable, garanticen que en la atención no existan malos tratos o situaciones de torturas y que se respeten los derechos de las mujeres”, señaló García Rey.
Amnistía Internacional es un ámbito de diálogo, relató la funcionaria, “para pensar articuladamente cómo implementar los marcos legales en la realidad de las mujeres” en la aplicación de la Ley Nacional N° 27.610. En este sentido apuntó al nosocomio riograndense, donde no se aplica la normativa “y las mujeres –a partir de las 12 semanas- tienen que trasladarse a Ushuaia”, describió.
Finalmente reiteró que “vamos a presentar un reclamo administrativo para generar esos espacios de diálogo que nos permitan articular y pensar mejor cómo sortear esta instancia”.
912 abortos en dos años
Amnistía Internacional elaboró un documento que brinda información sobre el estado de implementación de la Ley IVE en Tierra del Fuego, a 2 años de su sanción. Fue elaborado con el apoyo de la organización La Hoguera.
El Informe indica que “a octubre de 2022 se garantizaron 912 IVE/ILE; sin embargo, la implementación de la política pública sanitaria para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo es deficitaria”.
El Hospital Regional Río Grande es el único establecimiento público de salud del segundo nivel de atención en condiciones de garantizar la IVE/ILE en aquellos casos que no pueden ni deben ser abordados en centros de atención primaria de la salud. “Sin embargo, niega el acceso a la práctica del aborto debido a que los 13 médicos profesionales que conforman el servicio de tocoginecología son objetores de conciencia”, afirman en el documento.
Por esta razón, “mujeres y personas gestantes con embarazos de más de 12 semanas de gestación, como así también aquellas que requieren internación, se ven obligadas a trasladarse más de 200 kilómetros hasta el Hospital Regional Ushuaia”.
En tanto, para garantizar el acceso al aborto, “el departamento de Tolhuin cuenta con dos médicos generalistas, una psicóloga y una trabajadora social dependientes del Centro Asistencial de Tolhuin (CAT) en donde se brinda atención, asesoramiento y tratamiento farmacológico para acceder al aborto durante el primer trimestre. Las mujeres y personas gestantes con embarazos de más de 12 semanas de gestación, como así también aquellas que requieren internación, se ven obligadas también a trasladarse al Hospital Regional Ushuaia”, describen.
“Esto pone en evidencia que, si bien existe un esfuerzo por parte de las y los profesionales de la salud para dar respuesta a la demanda, en numerosos casos este mecanismo de derivaciones no resulta eficiente debido al “cuello de botella” que se produce en el Hospital Regional Ushuaia por ser el único establecimiento público de segundo nivel que garantiza la práctica en toda la provincia”.
“De acuerdo con Alejandra Alfaro, médica Generalista y directora de Atención Primaria de la Salud de Ushuaia, “el Servicio de Ginecología del Hospital está sobredemandado de cuestiones y está escaso de recursos, si el plantel fuese el doble se podrían resolver estas cuestiones con más calidad. Falta espacio físico. En la guardia de ginecología hay un solo consultorio. Entonces hay faltante de recurso humano, de espacio físico y de tiempo para mejorar la calidad”.
“Además, tanto Amnistía Internacional como las organizaciones locales La Hoguera, la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito (Regional Río Grande) y la organización socorrista Peste Rosa, han constatado situaciones de denegación, obstrucción y dilación injustificadas en la atención postaborto en Río Grande”, asegura el informe.
Atención postaborto
El informe de Amnistía Internacional indica que en octubre de 2021, durante su visita a la provincia, integrantes de la organización debieron interceder “para que garanticen la atención postaborto a otra paciente -cuya identidad se preserva- que había comenzado la práctica con misoprostol de manera ambulatoria luego de ser atendida en el CAPS 6 de Río Grande. Luego de 10 (días) no había expulsado, por lo cual volvió al consultorio en donde le indicaron que el feto no tenía latidos: tenía un diagnóstico por imágenes de “huevo muerto y retenido”. Frente a ello, desde el CAPS 6 se indicó a la paciente asistir al Hospital Regional Río Grande a fin de que finalicen el procedimiento de manera quirúrgica, pero al acudir a la guardia ginecológica de dicho hospital el profesional a cargo se negó a asistirla y la remitió nuevamente al CAPS 6. Todo ello pese a tratarse de una situación excluida del ámbito de la objeción de conciencia y de un cuadro de salud que, de no ser atendido a tiempo, puede resultar riesgoso. Finalmente, luego de la intervención de Amnistía Internacional, el jefe del Departamento Materno Infantil se dispuso a recibirla y garantizar su atención en el HRRG”.
“Estos casos ilustran el daño que el incumplimiento por parte del Hospital Regional Río Grande de sus obligaciones legales produce en los derechos de las mujeres y abre el interrogante de qué ocurre con aquellas mujeres y personas con capacidad de gestar que son rechazadas en el HRRG y no logran contactarse con organizaciones o referentes que puedan acompañarlas en sus reclamos”, cuestiona el informe.
En agosto de 2021, la ministra de salud Judith Di Giglio reconoció públicamente las barreras en el acceso a la interrupción del embarazo luego de la semana 12 de gestación, y que esto conlleva costos en los traslados. Ante ello, afirmó que el Ministerio tiene abierta la convocatoria a profesionales de la ginecología que no sean objetores de conciencia, pero que hasta la fecha nadie se inscribió.