Desde Sin Azul No Hay Verde trabajamos con determinación para defender el mar Argentino. Entendemos que, de su bienestar, depende la calidad de vida tanto del ser humano como de todas las especies que habitan el planeta.
RIO GRANDE.- Sin Azul No Hay Verde es una ONG que dedica sus esfuerzos a la protección del mar y, como tal, emitió un documento fijando su rechazo a varios artículos que están volcados en la Ley Omnibus que está bajo tratamiento en el Congreso y que es impulsada por el actual Gobierno nacional.
En el documento la ONG señala que “la situación actual nos convoca a expresar nuestra profunda preocupación por las modificaciones a leyes ambientales que, en diciembre de 2023, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación en el marco del proyecto de Ley Ómnibus”.
Las reformas propuestas representan un grave retroceso en materia ambiental.
“Consideramos que las reformas propuestas no solo representan un grave retroceso en materia ambiental sino que también contradicen tanto compromisos internacionales asumidos por Argentina, como el Acuerdo de Escazú e incluso el Acuerdo de París, como también leyes nacionales como la Ley General de Ambiente y el Art. 41° de nuestra Constitución Nacional”.
“Estamos convencidos que las modificaciones planteadas a los diversos artículos de la Ley Nac. 24.922 del Régimen Federal de Pesca generarían un impacto negativo directo en nuestro mar Argentino. Estas enmiendas facilitan el saqueo de su esencial biodiversidad marina y la destrucción de sus ecosistemas vitales y frágiles”.
“Además, imposibilitan el desarrollo sostenible de la actividad ya que implican una grave pérdida de transparencia, control y trazabilidad”.
Artículos que preocupan
Desde la ONG enumeraron los artículos de la Ley Omnibus que observan con mayor preocupación. Ellos, son los siguientes:
-Derogación del Art. 25 del Régimen Federal de Pesca: Impone la obligación de desembarcar la producción de buques pesqueros en puertos argentinos. Al eliminar esta disposición se habilita la posibilidad de transbordos en alta mar y el desembarco en puertos extranjeros, perdiéndose la poca transparencia y trazabilidad en las capturas obtenidas y generando impactos adversos en el ambiente y en el desarrollo de las economías regionales y el empleo nacional.
-Sustitución del Art. 26 del Régimen Federal de Pesca: Establece la priorización de permisos para embarcaciones y tripulaciones de nacionalidad argentina, considerando el historial legal e impositivo de las empresas. De aprobarse las modificaciones propuestas los otorgamientos de permisos dentro de nuestra ZEE «no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques».
-Sustitución del Art. 27 del Régimen Federal de Pesca: Favorece la asignación de cuotas de captura basadas en la mano de obra nacional, inversiones locales y la ausencia de antecedentes sancionatorios. Estos requisitos serían sustituidos por un sistema de licitaciones internacionales, asignando cuotas a quien ofrezca el mayor arancel, desvinculándolo de consideraciones importantes para la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad marina.
En síntesis, las enmiendas propuestas al Régimen Federal Pesquero permitirían la entrada de buques extranjeros al mar Argentino con tripulación extranjera. Esto abriría la posibilidad de una explotación desmedida de la biodiversidad marina, con cuotas de captura otorgadas por el Ejecutivo pero con descargas fuera de la jurisdicción nacional, dificultando el control de la actividad.
Desde una perspectiva ambiental estas medidas implican una disminución inevitable en la transparencia de la actividad pesquera y un estímulo a la pesca ilegal, problemática que hemos enfrentado durante años.
Si bien volver a donde estábamos no es una buena noticia para el ambiente, las modificaciones propuestas por el Gobierno actual facilitarían e intensificarían la ya existente sobreexplotación de los ecosistemas marinos, sin contemplar pautas de conservación ni evaluaciones sobre los impactos en la ya vulnerada biodiversidad marina.