Ayer, en el marco de la presentación por séptima vez del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, se realizó una campaña y un pañuelazo a favor del debate en el Congreso. En Río Grande, militantes feministas e integrantes de diferentes organizaciones hicieron circular un comunicado, y convocaron a todas las mujeres a manifestarse mediante el uso de pañuelos verdes.
RIO GRANDE.- A nivel nacional, diferentes organizaciones, y el mismo Ministerio de Salud de la Nación reconocen que en en Argentina se realizan 500 mil abortos por año, aproximadamente unos 1300 abortos por día. De esto se concluye que la práctica es habitual, más allá de la ilegalidad.
Ayer, lunes 19 de febrero, se presentó por séptima vez el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo. Desde las 18:00 aproximadamente, varios manifestantes se hicieron presentes en el lugar con pañuelos verdes como identificación para manifestarse a favor de que el proyecto se trate en el Congreso, y se dé el debate necesario para la sanción de la ley.
“En Río Grande lo que hicimos fue hacer circular un comunicado que armamos entre varias compañeras, y proponer que hoy durante todo el día, quienes apoyamos esta causa estuviéramos con el pañuelo verde, visibilizando la demanda, que es una demanda que no viene desde ahora sino que desde ya muchos años. Consideramos que es una deuda de la democracia hacia las mujeres, y sobre todo hacia las más pobres. Sabemos que abortan todas las mujeres, casadas, solteras, las católicas, evangélicas, o ateas. O sea que no tiene que ver con una cuestión de creencias o de fe, sino de una decisión personal según lo que cada mujer cree o piensa en el momento de estar embarazada. Y el aborto se realiza igual aunque no sea legal”, comentó Florencia Basso integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y militante feminista.
Desde el fin de semana, también se estaban haciendo circular spots de propaganda en diferentes medios de comunicación y el lunes se difundió el comunicado en el marco de la presentación del proyecto de ley, que se hace en el Congreso Nacional ya por séptima vez. “Las seis veces anteriores al proyecto no se le dio el debate necesario para llegar a votación entonces lo que se está tratando a nivel nacional es que en esta oportunidad y camino a 8 de marzo, en el marco del paro internacional de mujeres que se hace por segundo año consecutivo, darle mas fuerza a este tema. Interpelar a nuestros representantes del Congreso para que este año le den tratamiento al proyecto”, explicó Basso.
La periodista insistió en que el debate es específicamente sobre una cuestión de derecho, y de salud pública: “Lo que estamos pidiendo es que el aborto sea seguro, porque se evitarían un montón de muertes que se dan en la clandestinidad, un montón de complicaciones sobre todo en la salud de las mujeres. Y que se trata además de que se respeten nuestros derechos sexuales y reproductivos”, dijo.
La provincia de Tierra del Fuego está adherida a un protocolo nacional que se impulsó desde el ministerio de Salud. Es una de las nueve provincias en las que existe un protocolo de interrupción legal del embarazo en los casos de aborto no punible: “El aborto es legal en Argentina por causales es decir si está en riesgo la vida de la mujer, si sufriste una violación, el Código Penal establece el aborto no punible. Este protocolo al que adhirió la provincia, tiene que garantizar en una situación así que se pueda realizar el aborto de manera legal, y que no se judicialice. Lo que pedimos es que el aborto deje de ser un delito, que no una mujer no esté cometiendo un crimen por decidir abortar. Es una decisión sobre su propio cuerpo. Hay dificultades en Tierra del Fuego, como en otras provincias, quizá hay otras más conservadoras que esta, generalmente por la injerencia de la Iglesia, y sobre todo porque no se cumplen las leyes”, observó Basso.
Entre estas leyes, Basso recordó la Ley 26150 de Educación Sexual Integral que estipula que todos los niños y niñas deben tener Educación Sexual Integral en las escuelas sean públicas, privada o de la orientación que sean, cuyo cumplimiento es muy bajo.
El lema de la campaña nacional “Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto Legal para no morir”, pretende también instalar el debate sobre otras injusticias sociales relacionadas a esta problemática: desde el acceso a una intervención segura, dependiendo del poder adquisitivo de la mujer, y la responsabilidad culturalmente atribuida a las mujeres de ocuparse de la anticoncepción. En 2017 se realizaron más de 12 mil ligaduras de trompa en mujeres (procedimiento irreversible) y sólo 92 vasectomías en hombres en edad reproductiva.
Al respecto Basso opinó: “El aborto, es el último paso, se supone que tiene que haber un Estado presente que a vos te dé las herramientas desde chiquitita para poder pensar qué querés para tu vida, si querés ser mamá o si no, y cuándo. Decidir en qué momento ejercer la maternidad y si no querés, que también es válido. Tener acceso real a métodos anticonceptivos. Esto también trata una cuestión de injusticia social. Porque se habla de igualdad de derechos, pero la realidad es que las mujeres pobres son las que peor la pasan, porque si no hay métodos anticonceptivos en el hospital, si te niegan ligarte las trompas, y no podés acceder a eso, te están llevando a tener hijos cuando quizás no es tu decisión”.