El Gobierno, municipios, oposición y hasta representantes de Cambiemos en Tierra del Fuego expresaron su total rechazo a la decisión de Mauricio Macri de aplicar un ajuste en el pago de las asignaciones familiares en la zona patagónica y otros distritos del país. Se presentará un proyecto de ley para derogar la medida.
RIO GRANDE.- Mauricio Macri aplicó un ajuste en el pago de las asignaciones familiares eliminando el plus “zona desfavorable” en las provincias patagónicas, lo que disminuye en un 50% el pago por hijo. La medida fue ampliamente rechazada, no sólo por los Gobiernos y la oposición, sino también por algunos representantes propios de Cambiemos.
La gobernadora Rosana Bertone y los intendentes Walter Vuoto y Gustavo Melella se alzaron contra el Decreto 702/18, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La mandataria adelantó que se impulsará un proyecto de ley en el Senado para que esa medida sea derogada.
En el decreto, Macri modificó el tope máximo de ingresos para recibir la asignación. El ingreso del grupo familiar bajó de 94.786 a 83.917. Por otro lado, subió el mínimo, que antes estaba en 200 pesos y ahora lo lleva a 2.816 pesos. Además habilita a la ANSES a poder seguir subiéndolo.
Por otro lado, también bajó el ingreso individual de cada miembro de la familia desde 47.393 pesos a 41.959 pesos, lo cual reduce el número de trabajadores que reciben la asignación.
En relación a las provincias patagónicas, el decreto disminuye el valor de las asignaciones familiares a partir de septiembre. Por lo que las familias de las zonas en las que se percibían beneficios pasarán a cobrar menos de la mitad. Se trata de un ajuste del 50%.
El beneficio por asignación familiar por hijo pasa de 3.407 pesos a 1.578 pesos. Por lo que un trabajador que cobra asignaciones familiares por 3 de sus hijos, pasará de cobrar 10.221 pesos a cobrar 4.734 pesos.
“Ajuste a los que menos tienen”
La gobernadora Rosana Bertone dijo que la decisión de Macri “significa un ajuste para los que menos tienen. Claramente tiene un impacto en la vida de las personas y de las familias más humildes. En los consumos básicos. Esto significa menos poder de compra en el supermercado, menos litros de leche, menos pan, menos útiles escolares, que es a lo que van destinados estos recursos”.
Señaló que “se trata de un ajuste contra la Patagonia. El diferencial para la Patagonia no se trata de un beneficio o un derroche de la Nación. Se trata de un derecho, se trata de una medida de justicia social que busca hacer soberanía en la Patagonia, que hace a la política habitacional de la Nación. Esta medida es una feroz muestra de centralismo. Este decreto lastima a la Patagonia y a sus pobladores”.
Además, Bertone se quejó que “por un lado aumentan los precios de los productos y por el otro se reducen los ingresos de las familias. No podemos dejar sola a nuestra gente”.
Quita de derechos
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, sostuvo que “vienen por todo, vienen por todos los derechos que tenemos en la Patagonia que se construyeron durante años para nuestras familias, para nuestro territorio nacional, para fortalecernos, para equilibrar las desigualdades. Esperamos que el Congreso revierta esta medida y que el Gobierno nacional no genere más dolor en el pueblo. Evidentemente vienen por todo, ya vinieron por la zona y van a venir por todos los derechos enmascarados en la corrección del gasto. Esto tiene un solo nombre y es brutal ajuste contra el pueblo”.
El Intendente capitalino dijo que “estamos frente a un Gobierno centralista que castiga y lastima a la Patagonia y a sus habitantes” y agregó que “indudablemente un fuerte ajuste contra los más débiles, contra los que más necesitan”.
Duro golpe
El intendente Gustavo Melella indicó que la medida de Macri “vuelve a golpear muy duro a la economía de miles de hogares, especialmente a los que menos tienen. A contramano del esfuerzo que hemos hecho en la ciudad, llevando al 100 por ciento las asignaciones familiares gracias a un gran esfuerzo que hacemos todos, hoy el Gobierno nacional nos está diciendo que para acomodar los números tienen que sacarle dinero a los fueguinos, a los patagónicos. Es irracional”.
Indicó que “la inflación está golpeando muy duro a la economía de los hogares, igual que el desempleo, y nuestra industria no tiene un panorama difícil. Ahora plantean la baja de las asignaciones familiares y la ayuda escolar, y después van a seguir con las jubilaciones”.
Melella advirtió que “cada medida adoptada por ésta política centralista del Gobierno nacional está castigando directamente a la comunidad, al ciudadano común, a todos, estamos pagando nuevamente por las malas decisiones y políticas que tuvieron también responsables en Tierra del Fuego, que las acompañaron desde un inicio”.
Un nuevo retroceso
El diputado nacional Matías Rodríguez sostuvo que “esta decisión del Gobierno nacional es un nuevo retroceso en derechos sociales. Macri vuelve a darle la espalda al pueblo fueguino con esta medida en contra de los trabajadores. Aunque ya no nos sorprende, nos indigna profundamente”.
Rodríguez repudió las apreciaciones realizadas por el Gobierno nacional y sostuvo que “cuando hablan de inequidades pretendiendo equiparar las distintas zonas del país muestran un desconocimiento absoluto de la realidad de nuestra provincia”.
Rechazo oficialista
Los legisladores de la UCR – Cambiemos, Pablo Blanco, Liliana Martínez Allende y Oscar Rubinos; más Federico Sciurano, presidente de la UCR Tierra del Fuego, expresaron su profundo rechazo al decreto nacional 702/18, firmado por Macri, e instan al Gobierno nacional “a revisar y dejar sin efecto lo resuelto”.
En un comunicado indican que las “asignaciones familiares que perciben los trabajadores patagónicos, no son un privilegio o un beneficio extraordinario, son un derecho adquirido que tiene como base fundamental el mayor costo que implica residir en esta zona austral y muchas veces postergada de la patria”.
Tras expresar su respaldo a medidas que son para reordenar las finanzas públicas, señalan que “estamos convencidos, que este objetivo no puede lograrse con medidas inequitativas que recaen sobre los sectores más vulnerables, y sin contemplar el desigual desarrollo geográfico de nuestro país”.