El Senado avanzó ayer con el proyecto de moratoria impositiva, previsional y aduanera para normalizar deudas por más de $540.000 millones impulsado por el Gobierno, tras una presentación de la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien consideró a la medida «necesaria para colaborar con la sostenibilidad del empleo y de las capacidades productivas».
BUENOS AIRES (NA).- Durante la reunión por videoconferencia, la titular del ente recaudador recordó que el proyecto es una ampliación de la moratoria aprobada en diciembre como parte de la emergencia económica que, en el nuevo contexto de la pandemia, «es una necesidad».
«Hoy el monto de la deuda total es de 540.662 millones de pesos. Es un nivel de deuda con el fisco muy relevante y si no se genera una regularización va a ser muy difícil que las personas y empresas puedan ir acompañando el proceso de recuperación», subrayó la funcionaria.
Sostuvo que frente a la «situación dramática que se está viviendo en la economía», el Gobierno está «focalizando todo el esfuerzo en privilegiar la sostenibilidad del empleo y de las capacidades productivas».
Marcó del Pont subrayó que el proyecto incorpora «a todos los sujetos económicos y sociales, y todos los tributos», los cuales «son los mismos que se incluyeron en las tres moratorias de 2001, 2009 y 2016».
Además, precisó que la adhesión al nuevo programa «termina a mediados de octubre, y ya en noviembre hay que empezar a pagar la primera cuota».
La titular de la AFIP también destacó los cambios que se le hicieron al proyecto del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados, como «el premio a los contribuyentes», que fue sugerido por la oposición, e indicó: «Hay que destacar que va dirigido a un eslabón muy castigado que es el profesional, el autónomo, el monotributista».
Entre esas modificaciones, también puso de relieve que «se incluye una condición para las grandes empresas, que es que las que tienen activos financieros, para adherir a esta moratoria, tienen que repatriar al menos el 30% de los activos que están en el exterior».
Los senadores de Juntos por el Cambio apuntaron contra el artículo que incluye impuestos a los combustibles y el juego, porque incluye a las empresas de López, cuya millonaria deuda impositiva es previa a la pandemia y objeto de una causa penal.
«La empresa que hoy tiene causas penales abiertas y que se adhiere a esta moratoria, zafa de las causas penales», apuntó el senador Esteban Bullrich, que le preguntó a Marcó del Pont cuál era el monto total de la deuda en combustibles y juego.
La funcionaria respondió que «se debe cerca del 2,4% en impuesto a los combustibles, eso dentro de la deuda consolidada de la AFIP», pero remarcó que «los impuestos a combustibles y a las apuestas han estado presentes en todas las moratorias anteriores y son impuestos indirectos, como el IVA, no hay una retención».