«En tres años de vigencia más de 6000 mujeres y varones trans han accedido a este derecho en todo el país. Sin embargo, son muchos los aspectos en los cuales aún falta mucho por hacer», señalaron en un comunicado desde la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans.
BUENOS AIRES (NA).- Al cumplirse tres años de la aprobación de la ley de identidad de género, más de 6000 personas trans accedieron al reconocimiento de su identidad por vía administrativa. El 9 de mayo de 2012, el Senado de la Nación aprobó la ley de identidad de género y a tres años de ese evento más de 6000 personas ya fueron reconocidas tras realizar el trámite en todo el país.
El texto de la ley garantiza el derecho a la identidad al colectivo de travestis, transexuales y transgéneros en todo el país, por medio de un sencillo trámite administrativo y sin requisitos especiales.
Esta ley es la primera en el mundo que no requiere diagnósticos médicos o psiquiátricos, ni operaciones de adecuación corporal para el acceso a este derecho, y fue impulsada desde el año 2007 por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y la Asociación de Travestis, transexuales, transgéneros de Argentina (ATTTA).
Sin embargo, desde estas organizaciones dicen que el Ministerio de Salud de la Nación sigue sin reglamentar aún los aspectos sanitarios de la ley.
«En tres años de vigencia más de 6000 mujeres y varones trans han accedido a este derecho en todo el país, al tiempo que se han dado pasos positivos, aunque insuficientes, hacia la inclusión plena de las personas trans. Sin embargo, son muchos los aspectos en los cuales aún falta mucho por hacer», señalaron en un comunicado desde la FALGBT.
Y agregaron: «Hemos presentado ante el Congreso Nacional y en todo el país proyectos para la inclusión integral trans, acceso a la salud y Asignación para la Ciudadanía Trans».
En el mismo sentido, alertó que «el problema más grave sin dudas tiene que ver con la demora del Ministerio de Salud de la Nación para reglamentar el artículo 11 de la ley, lo que impide el ejercicio del acceso integral a la atención sanitaria de las personas trans, y profundiza las desigualdades geográficas y sociales que experimentan mujeres y varones trans ante este derecho».
Otro tema pendiente -indican- es «la ausencia de una política de previsión social que contemple especialmente la baja edad en la expectativa de vida del colectivo trans que, según diversos estudios realizados en nuestro país, se sitúa en apenas 45 años promedio, que se debiera traducir en una asignación para la ciudadanía e inclusión».
