El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, repudió la iniciativa británica de realizar una consulta popular en Malvinas con el objetivo de avanzar en la extracción de hasta 500 millones de barriles de petróleo en el archipiélago.
La medida impulsada por el Reino Unido tomó notoriedad pública esta semana y busca que los isleños elijan, entre el 24 de junio y el 5 de agosto, si desean o no propiciar le expropiación petrolífera en áreas linderas a la Isla Soledad y la Gran Malvina.
Tras conocerse la avanzada de Londres, Melella manifestó en su cuenta de X su rechazo “categórico y contundente al nuevo accionar ilegal británico, que pretende llevar a cabo una consulta popular en las Islas Malvinas para avanzar en la explotación y saqueo de nuestros recursos hidrocarburíferos en flagrante violación al derecho internacional”.
“No permitiremos que el Reino Unido y la empresa israelí Navitas -sancionada y que ha hecho caso omiso de las intimaciones gobierno nacional- avancen con esta acción unilateral, violatoria de la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la normativa nacional y provincial vigente”, protestó el mandatario, quien tiene bajo su jurisdicción a las Islas Malvinas.
Rechazamos categórica y contundentemente el nuevo accionar ilegal británico, que pretende llevar a cabo una consulta popular en las Islas Malvinas para avanzar en la explotación y saqueo de nuestros recursos hidrocarburíferos en flagrante violación al derecho internacional.
No permitiremos que el Reino Unido y la empresa israelí Navitas -sancionada y que ha hecho caso omiso de las intimaciones gobierno nacional- avancen con esta acción unilateral, violatoria de la resolución 31/49 de la #AGNU y de la normativa nacional y provincial vigente.
Así como hicimos con todas las empresas que pretendieron realizar acciones en #Malvinas sin nuestra debida autorización como legítimas autoridades provinciales, procederemos de igual modo y haremos uso las herramientas legales a nuestro alcance en pos de nuestros derechos.
De permitir este avance estaríamos ante un inusitado perjuicio económico y un inminente daño ambiental que puede impactar no solo en Malvinas sino en toda la Región.
De igual modo, apelaremos al acompañamiento y repudio de los organismos pertinentes, regionales y multilaterales, para frenar esta afrenta que configura una disposición a largo plazo de recursos no renovables de todas y todos los argentinos.