El secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), Raúl Arce, renovó sus críticas contra los sumarios administrativos a los docentes que participaron de la toma a Casa de Gobierno. Acusó a la administración Ríos de querer “llevarse puesto al sector que ha sido oposición durante sus dos gestiones”.
USHUAIA.- “Tenemos de testigos a legisladores que estaban cuando Guillermo Aramburu (exministro de Jefatura de Gabinete) se comprometió a que en el caso de arribar a un acuerdo, iba a cerrar los sumarios administrativos a los docentes; pero lejos de eso, han continuado y se han profundizado”, cuestionó el dirigente docente en declaraciones a Radio Nacional Ushuaia.
El Gobierno provincial inició una serie de sumarios administrativos a todos los docentes que participaron de la toma de Casa de Gobierno, por los destrozos que ocasionaron en las instalaciones del edificio gubernamental.
El Secretario General del gremio informó también que la semana pasada se realizó una movilización en base a un requerimiento que tiene el proceso de sumario, explicando que se trata de “un dictamen de las Juntas de Clasificación y Disciplina, en este caso en nivel primario”.
“Nos presentamos con la conducción y los compañeros delegados, más algunos compañeros que no tenían clases en ese horario” mencionó, aclarando que ese día “no hubo desobligación sino sólo la presencia de la conducción con el cuerpo de delegados de Ushuaia”.
Pero al llegar a las 60 Viviendas “nos encontramos con un cartel que decía que ese día no se atendía y, de hecho, no tenían quórum para sesionar, así que entendemos que no puede haber ninguna sorpresa, como sí se rumorea, existe con el nivel medio, en donde incluso habría dictamen cuando nuestro representante no estaba en funciones, estaba de licencia por enfermedad, por lo que impugnaremos, en caso de existir; evidentemente quieren, en retirada, llevarse puesto al sector que ha sido oposición durante sus dos gestiones”.
“Una vez que tienen el dictamen, faltan algunos puntos en el proceso, y queda en potestad de la Ministra de Educación, en un principio y luego de la Gobernadora, y en base a eso se procede a la parte de la recurrencia, en sede administrativa y judicial, para el efectivo cumplimiento”, explicó por último.
