BUENOS AIRES (NA).- La Oficina Anticorrupción publicó nuevos lineamientos para aquellas pequeñas y medianas empresas que quieran ser contratistas del Estado, en el marco de la ley 27.401 que exige programas de integridad y transparencia.
Las PyMEs, como el resto del universo empresarial del país, han quedado incluidas en el ámbito de aplicación la ley 27.401, que determina la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de ilícitos de corrupción.
Debido a que más del 95% de la masa empresarial en la Argentina está conformada por pequeñas y medianas empresas (son el motor de la economía de mercado interno), debían estar incluidas.
La Oficina Anticorrupción publicó en el Boletín Oficial la Resolución 36/2019 mediante la cual introduce una guía complementaria para la implementación de programas de integridad de PyMEs, a través de la cual delimita conceptos básicos en materia de corrupción y transparencia, permitiendo que se familiaricen con estos nuevos conceptos, muchas veces desconocidos absolutamente por los empresarios.
Esta guía permite a los empresarios PyMEs advertir cuáles serán los parámetros que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar la robustez y eficiencia de un Programa de Compliance.
Lo novedoso de la ley 27.401, que son los Programas de Integridad o de Compliance, responde a que serán de aplicación obligatoria para las PyMEs que celebren contratos con el Estado, según el artículo 24.
«Sabemos que, cuando algo no es obligatorio y cuando la coyuntura económica aprieta, decidimos ir por lo urgente, dejando en agenda la aplicación de políticas de transparencia en las PyMEs para más adelante», expresó Lina Anllo, abogada especialista en Compliance.
Y agregó que por ello es importante advertir qué beneficios le acarrea la aplicación de un Programa de Compliance a la operatoria comercial de la pequeña y mediana empresa.
Sostuvo que un programa bien diseñado, correctamente aplicado y controlado trae un sinfín de beneficios, transformando ese «costo» en una «excelente inversión».
Con menos exigencias, una PyME puede demostrar el mismo nivel de compromiso ético y el mismo respeto por las normas que una gran organización», explicó Anllo quien también preside el Capítulo Argentino de World Compliance Association.
Gisel Salinas, directora del Comité Compliance y Pymes WCA, expresó que no se debe olvidar que el principal activo de una compañía, grande o pequeña, es su reputación.
«La forma de vincularnos comercialmente ha mutado, y en esta nueva forma de hacer negocios donde se fomenta cada vez más la cultura del cumplimiento y del buen gobierno corporativo, la transparencia e integridad destaca a las empresas, es el valor diferencial, casi un aspecto de marketing», señaló Salinas.