BUENOS AIRES (NA).- El oficialismo consiguió ayer darle dictamen favorable al llamado “mega DNU” del presidente Mauricio Macri para la “desburocratización del Estado”, aunque anunció que presentarán tres proyectos de ley que reflejarán el contenido de la medida.
En la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, los ocho diputados y senadores de Cambiemos lograron imponer su mayoría para firmar un dictamen a favor del decreto de necesidad y urgencia (DNU), pese a que la oposición en pleno lo rechazó por considerar que “viola la división de poderes” y que es “un exceso”.
Sin embargo, los ocho legisladores opositores se dividieron a la hora de firmar el dictamen, dado que el justicialismo presentó un dictamen de rechazo propio con cinco firmas (incluida la independiente salteña Cristina Fiore) que no fue acompañado por el kirchnerismo, que se retiró antes de finalizar la reunión.
Sabiendo de antemano que el rechazo unánime de la oposición al DNU resultará en una derrota para el Gobierno si el dictamen llega a votarse en el recinto, el oficialismo anunció que, más allá de la firma del dictamen, presentará tres proyectos de ley con el mismo contenido del decreto.
El DNU 27/2018 modifica 29 leyes, 6 decretos y 2 decretos leyes; deroga 15 decretos, 2 decretos leyes y 3 leyes y abroga 3 leyes, y dispone numerosos cambios en ministerios, el Banco Central, la Anses (particularmente sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad), la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el SENASA.
El debate
Al inicio de la reunión de la Bicameral, el presidente del cuerpo y jefe del interbloque de senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, anunció: “Vamos a dar el debate en esta comisión y vamos a avanzar con el dictamen. Pero quiero anunciar que vamos a presentar tres proyectos de ley que involucran cada uno de los capítulos del decreto 27/2018”.
El objetivo del oficialismo con esta estrategia es conseguir el apoyo del justicialismo al permitirle modificar, en los proyectos de ley, aquellos puntos del DNU con los que no están de acuerdo y evitar así una eventual unidad opositora que propicie la derogación del decreto mediante un rechazo en ambas Cámaras.
En efecto, durante el debate el diputado justicialista Pablo Kosiner indicó que “el camino de las tres leyes es el camino correcto, no el DNU” y adelantó su rechazo al decreto al afirmar: “No hay ninguna razón que nos lleve a decir que esto tiene que salir, ahora, por decreto, y no por una ley”.
El senador del Bloque Justicialista Daniel Lovera argumentó que el DNU es una “extralimitación” del Poder Ejecutivo y “viola la división de poderes”, mientras que su compañera de bloque María Teresa González alertó que “oscurece las licitaciones públicas”.
La senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, precisó que con este DNU el Ejecutivo “toma prerrogativas del Congreso”, y advirtió que “desguaza un organismo importante para la salud de toda la población como el SENASA” y “pone el dinero de los jubilados al servicio del sector financiero”.
Sobre ese último punto también se pronunció el diputado del FPV Máximo Kirchner, quien señaló que “el fondo de la cuestión acá es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses” y pidió “ir para atrás con este DNU”, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de vincular el FGS con el mercado financiero.
El oficialismo se concentró en primer lugar en cuestionar el reclamo del kirchnerismo de prolongar el debate en la comisión e invitar a expositores para que den su opinión, frente a lo cual el diputado oficialista Pablo Tonelli subrayó que “el criterio establecido por la Bicameral consiste en analizar que el DNU en términos formales respete la Constitución”.
“No es razonable que porque haya cambiado el Presidente de la República la comisión cambie su criterio. La comisión tiene la obligación de ser coherente y previsible, no puede alterar su criterio según quién ocupe el Poder Ejecutivo”, agregó.
Sin embargo, luego de varias horas de críticas al DNU por parte de todos los opositores, el diputado de Cambiemos Luis Petri decidió cerrar el debate con una fuerte defensa del contenido del decreto.
Al respecto, negó que el punto del decreto que introduce cambios en la Unidad de Información Financiera (UIF) fuera “materia penal” porque “no modifica sanciones ni establece hechos punibles”.
También negó que se “afecte el derecho de los trabajadores” con el punto del DNU referido a la posibilidad de embargar las cuentas sueldo y explicó que “solo puede ser embargado si tiene en su cuenta más de tres sueldos”.
“No se embarga la cuenta a sueldo porque el salario mínimo vital y móvil está garantizado por ley, es inembargable. Una persona que cobre 20 mil pesos solo puede ser embargada si supera los 60 mil”, precisó.