Desde hace varias semanas el personal mantiene un reclamo por condiciones laborales. Desde ATE respaldaron la decisión de hacer asambleas y de retirarse del lugar de trabajo por falta de calefacción. Indicaron que faltan profesionales para la cantidad de casos que deben atender y, en especial, por las características de cada uno de ellos.
RIO GRANDE.- La Dirección de Protección Integral Familiar, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, está desbordada y su personal comenzó con asambleas para reclamar mejores condiciones laborales y un salario acorde a la responsabilidad de los casos que deben atender, muchos de ellos situaciones de vulnerabilidad que son derivados desde el Juzgado de Familia.
Violeta Santander, dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado, dijo a El Sureño que el personal “desde hace unos días viene a marcar y luego se retira a su casa, porque no cuentan con oficinas calefaccionadas por desperfectos de la caldera y esto provoca que no puedan cumplir correctamente con sus funciones”.
Dijo que la “paciencia de los compañeros duró mucho tiempo y esto no da para más, por eso hemos decidido hacer visible este reclamo que las autoridades de Gobierno ya conocen pero no hemos visto que se haga nada para dar una solución”.
Yanina Borquez, directora general de Protección Integral, también dialogó con El Sureño para explicar la preocupación que existe porque hay un plantel de 14 operadores, entre profesionales e idóneos, para atender una demanda que ya llega a los 900 casos, en Río Grande.
La Directora sostuvo que “hay falta de profesionales en el área porque hay un desborde de demanda de la población. Hay alrededor de 900 casos con 14 operadores, de los cuales no todos son profesionales, pero se trata de gente idónea, entonces cuando hay situaciones de vulnerabilidad en niños y adolescentes no puede cubrirse como corresponde, por esta falta de recurso humano”.
Borquez sostuvo que “estamos trabajando con población vulnerable y nosotros como trabajadores también estamos siendo vulnerados, de alguna manera, al no poder solventar la demanda que se requiere atender”.
Una tarea de riesgo
La profesional sostuvo que la creciente demanda y la falta de profesionales hace que “quedemos expuestos ante la falta de poder cubrir el acompañamiento, como corresponde, a la población de niñez y adolescencia, con el riesgo de sufrir un apercibimiento en alguna situación en particular”.
Además, dijo que, como “operadores y profesionales del área, sentimos que existe una desigualdad salarial y por lo tanto no es un área que convoca, por eso la falta de recursos humanos. De todos los Ministerios, este es el más afectado a nivel salarial. Cubrimos muchas horas más de las que se trabajan en otras áreas, además implica riesgos a los que nos exponemos y no tenemos quién nos respalde si nos llega a suceder algo”.
Borquez se quejó que “se nos pide que resguardemos y cuidemos la integridad psicofísica de niños con quienes estamos trabajando pero no nos resguardan a nosotros”.
En el caso del horario, los directores deben estar full time y el pago de una guardia es de 130 pesos la hora, lo que no se cobra en forma automática, ya que hay una demora de dos o tres meses para poder hacerlo. Esto hace que muchos de los casos que llegan para ser atendidos, depende de la voluntad con la cual se desempeñan los trabajadores del área.
Indicó además que “yo, como Directora, he tenido a lo largo de este año alrededor de siete reuniones interministeriales con las diversas áreas, incluida la Justicia. Todos están en conocimiento en las condiciones en las que nos encontramos y la verdad, por el momento, no tenemos respuesta para el compromiso que tienen los compañeros”.