El fiscal Ariel Pinno estimó que la mujer tuvo la mayor responsabilidad en el manejo de la empresa inmobiliaria que estafó a varias familias de Río Grande. Además, consideró como agravante de su conducta el hecho de haber estado prófuga.
RIO GRANDE.- El fiscal Ariel Pinno consideró a Susana del Carmen Ancalipe coautora material y penalmente responsable del delito de estafas reiteradas, por lo que solicitó al Tribunal de Juicio en lo Criminal que aplique una condena de 12 años de prisión.
El monto de la pena solicitada por la Fiscalía es mucho mayor a los 4 años de cárcel que cumple como condena Carlos Pérez, la expareja de Ancalipe, quien el año pasado enfrentó el juicio oral por los mismos hechos por los que fue llevada a juicio la mujer, quien estuvo prófuga por varios meses.
Para el Fiscal, Susana Ancalipe era la máxima responsable de la empresa Río Grande Construcciones, en su calidad de gerente, la que ofrecía planes de viviendas familiares conformando la documentación para lograr la entrega de dinero, sin que se cumpliera con el pacto de construir las soluciones habitacionales, afectando a nueve familias de ésta ciudad.
En la acusación el Dr. Ariel Piano dijo que quedó comprobado que la mujer era quien firmaba contratos y recibos, agregando como agravante que todos los testigos mostraron angustia, enojo y llanto por el perjuicio producido.
En parte de sus alegatos el Fiscal expuso que la acusada “no respondió preguntas, tuvo una suspensión de juicio a prueba que no cumplió y de hecho se profugó para ponerse ahora en un rol de víctima de esta situación”.
Causa prescripta
El abogado Lucas Sartori, defensor de Susana del Carmen Ancalipe, expuso en sus alegatos que el Tribunal de Juicio analice y determine si la causa no está prescripta por el transcurrir del tiempo, entendiendo que los hechos tuvieron lugar entre junio y diciembre de 2013, pasando diez años.
Para el abogado, “el Estado no puede estar persiguiendo a una persona por un delito más de 10 años”.
Más allá del planteo expresado, que quedará a criterio de los jueces si hacen lugar o no, Sartori pidió la absolución en uno de los casos, en el que la obra se hizo incompleta con un crédito Procrear, “si hubo incumplimiento el reclamo debe ser en la faz civil no la penal”.
El abogado defensor también se quejó del monto de la pena solicitada por la Fiscalía considerando que “el fiscal debe dar explicaciones de la pena solicitada, es desproporcionada, es un delito económico que tiene una pena mínima de un año y si no hay muchos agravantes no debe despegarse mucho del mínimo”.
Condena
El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande resolvió que para este viernes la acusada brinde sus últimas palabras, tras lo cual pasará a deliberar para dar a conocer el veredicto.