CORDOBA (NA).- Una fiscal cordobesa pidió que se revoque una autorización para realizar la operación de un trasplante de riñón por considerar que el donante fue convencido de donar el órgano a cambio de una moto y la promesa de convertirlo en heredero del paciente, algo que está prohibido por la ley argentina.
La legislación del país prohíbe la oferta de gratificación en un caso de trasplante, porque sólo puede haber una donación por motivos altruistas o para colaborar con investigaciones científicas.
El caso fue revelado por el diario La Voz que informó que el juez en lo Civil y Comercial de 51ª Nominación de la ciudad de Córdoba, Gustavo Massano, autorizó a un hombre de 67 años a recibir un riñón de un donante vivo con quien no tiene lazo familiar.
A favor de la legitimidad de la donación, la familia del paciente declaró que con el donante había un lazo afectivo importante del cual surgió la intención de ofrecerse para colaborar con la salud del paciente.
El planteo fue avalado por el Juez, quien tras una serie de informes técnicos y entrevistas con los involucrados decidió que no se había consumado la recompensa económica denunciada.
De todos modos, la fiscal Alicia García de Solavgione apeló el pasado miércoles al entender que existen motivos de extrema gravedad para suspender la ablación.
La Fiscal consideró que el donante es empleado del hijo del hombre de 67 años que espera el trasplante y que por lo tanto existe una «relación laboral de dependencia y de subordinación económica».
En su escrito de apelación la Fiscal dio por probado que al donante le ofrecieron una moto y hasta declararlo como heredero testamentario.
Según García, el paciente admitió que había conversado con su esposa y que habían pensando en «después de haberse hecho los estudios y decidido totalmente, que habría que darle una recompensa. Hasta le dije a mi esposa que lo quiero tanto (…) que lo quiero poner en mi testamento con mis tres hijos».
Por otra parte, la Fiscal consideró que el paciente, según el criterio del médico forense que actuó como perito oficial, «no está en emergencia» ya que según el informe pericial «no está en condiciones límites».
La ley que regula los trasplantes prohíbe «toda contraprestación u otro beneficio por la dación de órganos o materiales anatómicos, en vida o para después de la muerte, y a la intermediación con fines de lucro». La sanción prevé hasta cinco años de prisión.