USHUAIA.- Un proyecto para crear una Comisión Especial Investigadora sobre la obra del Corredor del Beagle será analizado en comisión por el parlamento fueguino. La iniciativa presentada sobre tablas por el legislador Pablo Villegas del MPF durante la sesión del jueves pasado, pretende la intervención del Poder Legislativo en el control de la cuestionada obra pública.
Al argumentar su proyecto, Villegas señaló que el Tribunal de Cuentas de la Provincia, “se encuentra interviniendo acerca de cierto grado de incumplimiento del pliego licitatorio” de la obra. También resaltó la intervención de la Fiscalía de Estado “frente a un caso de conflicto de intereses como la ha tipificado” entre un funcionario del Gobierno de la Provincia y “un responsable técnico ambiental de la empresa que está llevando adelante la obra”.
Según Pablo Villegas, el Parlamento debe intervenir “en un asunto de interés público y social” y advirtió sobre las “secuelas” que deja ese proyecto en los tres tramos. “Estamos frente a una situación grave”, opinó.
Entre los fundamentos que apuntó Villegas, recordó las opiniones que se vertieron desde el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) y de varias, que “han expresado algunas consideraciones valiosas respecto del impacto –no solamente ambiental- sino sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico de la Provincia”. En este sentido, también recordó las presentaciones judiciales por parte de ambientalistas en el distrito judicial sur y de “serios reparos al informe de impacto” por parte de exfuncionarios.
“Hay una situación que se manifiesta irregular y creo que la Legislatura, sin querer sustituir la actuación de los órganos de contralor y las competencias del Poder Judicial, tiene que tomar cartas en el asunto, haciéndonos eco del reclamo de la ciudadanía”, expresó.
De acuerdo a la letra del proyecto, la Comisión Especial Investigadora “tendrá amplias facultades de investigación. Podrá recabar toda prueba que estime conveniente para cumplir su función, garantizando las reglas del debido proceso”. De esta manera, podrá solicitar al Poder Judicial Provincial, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Poder Ejecutivo “copias certificadas de expedientes, informes, actos administrativos, dictámenes y/o cualquier otro instrumento legal o pieza documental vinculadas al objeto de la investigación”.
También, tendrá la facultad de “citar e interrogar a funcionarios y empleados” de la Administración Central; convocar a testigos y realizar los interrogatorios correspondientes; nombrar peritos de cualquier arte o profesión que, por su especialización, sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones; podrá requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene; y deberá dictar su propio reglamento interno, el que deberá ser aprobado en un término no mayor a diez días desde su constitución.
Una vez concluido su trabajo, la Comisión Investigadora deberá presentar a la Cámara un informe definitivo “con las conclusiones que arribe sobre las responsabilidades políticas y técnicas de los funcionarios intervinientes”. De surgir responsabilidades “de otra índole”, serán notificadas a las autoridades correspondientes.
Avance sobre tierras privadas
En tanto, los legisladores aprobaron un pedido de informes impulsado por el bloque de la UCR, solicitando al Ejecutivo provincial, “los planos e informe descriptivo del territorio declarado de utilidad pública y sujeta a expropiación”. Además le solicitó que “informe la situación del trámite de expropiación en particular e indique casos de avenimiento y contencioso expropiatorio».
La solicitud pretende despejar dudas acerca de un posible avance de la empresa Gancedo SA sobre tierras privadas, el cual fue denunciado en la justicia, tanto por los propietarios de los campos afectados por la obra, como por los ambientalistas que defienden la protección del bosque nativo.
Mientras la obra sigue avanzando, los legisladores decidirán si crean o no esta comisión investigadora, previo a la cuarta sesión del año que tendrá lugar en septiembre y en caso de ser aprobada, deberá ser conformada y tendrá dos meses para actuar antes de que se renueve la Cámara, el próximo 17 de diciembre.