Mediante una ley el Parlamento declaró de interés la creación de una ruta que una Ushuaia y Río Grande con las bases antárticas y dio mandato al Ejecutivo para lograr ese cometido, pero este lo vetó. “Se sacaron de encima la responsabilidad de gestionar”, dijo Pino.
USHUAIA.- Mediante Decreto provincial 1445/24 la vicegobernadora Mónica Urquiza vetó parcialmente el proyecto de ley sancionado por la Legislatura en la sesión ordinaria del día 12 de junio de 2024 por el cual se dispuso declarar de interés estratégico para la Provincia la conexión aérea comercial entre sus territorios insulares y la Antártida Argentina.
El decreto está fechado el 3 de julio y veta parcialmente el proyecto de ley mencionado que en su artículo 4° reza: “Encomiéndase en el marco del artículo 1° de la presente ley al Poder Ejecutivo a gestionar ante la Secretaría de Transporte de la Nación y/u otra autoridad competente, la habilitación de la ruta comercial aérea entre las localidades de la Isla Grande de Tierra del Fuego – Antártida Argentina (Bases Marambio y Petrel) y la concesión y explotación de los servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros, carga y correos”.
El jueves pasado el proyecto vetado fue devuelto a la Legislatura a los efectos de que ésta lo modifique o lo rechace, tal como lo prescribe la Constitución provincial.
Junto con el veto, el Ejecutivo acompañó un dictamen de la Secretaría de Coordinación Legal de Gobierno y otro de la Secretaría Legal y Técnica que explica que, a criterio de la Secretaría de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Ejecutivo no tiene potestad para la tarea encomendada.
“Es imperioso expresar que si bien esta área (Secretaría de Malvinas) acompaña el espíritu de la iniciativa considerando que la misma se encuadra entre las posibles acciones que nos potencian como puerta de excelencia intercontinental, específicamente, en lo que esta iniciativa dispone, entendemos que el Poder Ejecutivo provincial no tiene potestad sobre lo que establece el Código Aeronáutico respecto a la apertura de rutas aéreas comerciales como lo dispone el artículo 4°”, reza el dictamen.
“Es por ello que, se considera que este artículo debería ser modificado en primer lugar en virtud a la falta de competencia del Poder Ejecutivo Provincial para cumplimentar lo indicado en dicho artículo, como así también dar cumplimiento a la normativa vigente sobre la tramitación y apertura de rutas aéreas de conformidad con las Leyes 17.285 y 19.030, las cuales estipulan que el procedimiento de solicitud para la concesión y explotación de rutas aéreas comerciales debe ser iniciado por una persona física o jurídica interesada en explotar dicha ruta ante la ANAC, siendo posterior -tras proceso de audiencia pública- la intervención del Poder Ejecutivo Nacional quien posee la potestad de autorizar o no la misma”.
No pueden desentenderse
Por su parte, el legislador Juan Carlos Pino, autor del proyecto cuestionado, se refirió a la postura del Ejecutivo y aseguró que “vetar el artículo 4 es sacarse la responsabilidad de gestionar”.
“El Estado no puede desentenderse de un tema tan importante como la conexión aérea con la Antártida Argentina, que es parte integrante de nuestra provincia. Tampoco es excusa actualizar los estudios técnicos y ambientales, que se harán una vez que se apruebe la ruta aérea, y menos aún hablar de impacto presupuestario cuando aún estamos discutiendo la vigencia del proyecto”.
El proyecto de ley tiene como objetivo instaurar servicios regulares de pasajeros y cargas, facilitando el acceso y el intercambio entre estos puntos estratégicos. Esta iniciativa no solo beneficiará a los habitantes de Tierra del Fuego y Argentina, brindándoles la oportunidad de conocer la Antártida, sino que también promoverá la industria y fomentará el crecimiento económico de la región. Además, la creación de una ruta aérea regular entre Ushuaia, Río Grande y las bases antárticas generará numerosos puestos de trabajo.
Finalmente, Pino reafirmó su compromiso de trabajar para lograr consensos con el resto de los legisladores e insistir en el artículo vetado: “Es un proyecto que beneficia a Tierra del Fuego, nos posiciona ante el mundo como un punto estratégico y geopolítico, fortaleciendo nuestros lazos de soberanía y permitiéndonos seguir trabajando en el desarrollo de nuestra provincia”.