El titular de la Procelac, Carlos Gonella, presentó el requerimiento de instrucción para motorizar la denuncia del gobierno nacional contra nueve compañías petroleras, que operan ilegalmente realizando tareas de exploración y explotación de hidrocarburos.
Gonella efectuó la presentación ante el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Lilian Herraez, en forma conjunta con el fiscal general del distrito, Adrián García Lois, y el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport.
El escrito de 25 páginas se basa en la denuncia formulada por el canciller Héctor Timerman y por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y que -por razones de jurisdicción- debe tramitarse en el juzgado fueguino.
El requerimiento menciona como involucradas directas en las actividades ilegales a las empresas Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc. y Rockhopper Exploration plc.
A todas ellas se les imputa desarrollar “actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en el Océano Atlántico, en proximidades de las Islas Malvinas –área que forma parte de la plataforma continental argentina-, sin contar con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina”.
También agrega que ese accionar contraviene “los derechos soberanos y exclusivos de exploración y explotación de la República Argentina sobre su plataforma continental, al mismo tiempo que producen una significativa afectación de los recursos naturales que pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional”.
A todas ellas se les imputa desarrollar actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en el Océano Atlántico
Sin embargo, el requerimiento fiscal alude además a otras cuatro sociedades que “en forma directa o indirecta” habrían efectuado aportes para consumar la maniobra que se denuncia.
En ese sentido, el documento menciona a la empresa Pretoleum Geo-Services (PGS), que habría provisto sus buques, PGS M/V Ramford Sterling”, “PGS Ramform Titan” y “Falcon Explorer” para realizar “tareas de relevamiento y análisis de datos estratégicos para la evaluación de la sustentabilidad de los yacimientos”.
Se denuncia también a la compañía Desire Petroleum p.l.c, que habría “suministrado datos sísmicos de utilidad y cuyo capital habría sido adquirido en 2013 por FOGL” y a Neptune EHF, propietaria del buque oceanográfico MV Poseidon, que habría sido utilizado por FOGL para llevar adelante estudios geoquímicos y de líneas de base ambientales.
En última instancia, la denuncia individualiza a la firma Ocean Rig, dueña de la plataforma semisumergible Eirik Raude, con la cual «se estarían realizando tareas de perforación en el lecho submarino”.
La imputación contra las petroleras no se limita a las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera, sino que también incluye posibles acciones de contaminación del ambiente, y hasta la posible comisión de contrabando por “importación o exportación de bienes en infracción a las leyes aduaneras de nuestro país”.
El escrito agrega un detalle pormenorizado de las actividades que habrían llevado a cabo cada una de las empresas en torno a la zona de Malvinas, y también de la forma en que se habrían vinculado entre sí a través de contratos y subcontratos de servicios.
“Existen sobradas evidencias que permiten aseverar que, al menos desde el mes de diciembre del año 2013 y hasta el presente, las nombradas empresas se encuentran realizando actividades relativas a la búsqueda y también extracción de hidrocarburos, de la plataforma continental argentina, sin contar con la correspondiente autorización de las autoridades competente de este país”, concluye el requerimiento fiscal.
Los fiscales pidieron una “batería” de medidas probatorias tendientes a individualizar y luego indagar a los responsables de las empresas cuestionadas, y también le solicitaron a la justicia que por medio de medidas cautelares «haga cesar los efectos del delito», impidiendo que las exploraciones y explotaciones hidrocarburíferas se sigan llevando a cabo.
