La resolución la adoptó ayer el juez federal en la causa en la que a finales del mes pasado se realizaron una serie de allanamientos con cuatro sujetos detenidos. Los procesó y mantendrá en prisión por “comercialización” de estupefacientes. La causa tiene un prófugo en Buenos Aires.
RIO GRANDE.- La resolución se remite a la causa de los cinco allanamientos realizados entre el 23 y 24 de abril por la madrugada que derivaron en la detención de cuatro sujetos de nacionalidad dominicana; Gregorys Nedarlyn Castro Santana, Nerkis Rafael Castro Santana, Edgar Michael Contreras Castro y Wilfry Páez.
En esos procedimientos se incautaron 60 gramos de cocaína y cerca de 15 gramos de marihuana en una cantidad ínfima, pero la causa tenía un respaldo investigativo de unos meses atrás con escuchas y seguimientos.
Empezó el 9 de febrero cuando fue detenida una mujer en el aeropuerto de Río Grande como mula, María Altagracia Holguín Rodríguez, una dominicana trasladando en su cuerpo medio kilo de cocaína que fue detectado por personal de Aduana.
A la mujer, actualmente presa y procesada, se le incautó su teléfono celular con el cual había un sinnúmero de contactos telefónicos con los cuatro imputados, en los que se describía la maniobra de traslado y como se deberían contactar una vez arribada a Río Grande.
Incluso con Holguín Rodríguez ya detenida, algunos de los imputados siguieron contactándose al celular, desconociendo que ya estaba en poder de las autoridades federales.
La mujer trasladaba la cocaína desde Buenos Aires, donde se allanó un departamento en el cual se buscaba a Dionisio Martínez, un quinto dominicano que habría realizado el envío, quien actualmente se encuentra prófugo y con pedido de captura.
Finalmente, ayer el juez federal Federico Calvete bajó el procesamiento para los cuatro imputados por el delito de tenencia para la “comercialización” de estupefacientes, ya que consideró probado que eran los receptores del cargamento para su comercialización ya a nivel local.
Asimismo consideró que existía riesgo procesal por carecer ellos de un empleo estable y el consiguiente riesgo de fuga, cuestión que los defensores habrían buscado contrarrestar con recibos de sueldo, por lo que seguramente irán ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia reclamando la excarcelación.