Con planteos acordes a la inquietud que genera el proyecto de creación de sociedad estatal municipal, los siete expositores expresaron sus puntos de vista sobre el proyecto. El respeto por los convenios colectivos de trabajo y la garantía de continuidad laboral para los trabajadores que actualmente brindan servicios municipales concesionados fueron los puntos más expresados durante la jornada democrática.
El doctor Gastón Díaz explicó detalles salientes del proyecto. 
Guillermo Vargas, representante del Sindicato de Camioneros.
RIO GRANDE.- El proceso de aprobación de la sociedad estatal municipal ‘Río Grande Activa’ sumó una nueva instancia y tras desarrollarse ayer la audiencia pública solo resta que se apruebe la propuesta en segunda lectura, en la última sesión del presente período legislativo.
La jornada transcurrió sin mayores sobresaltos, con planteos surgidos a partir de las inquietudes propias de una propuesta inédita para la ciudad y sin estridencias en las exposiciones.
Fueron siete los oradores inscriptos en la jornada: el abogado Gastón Díaz; el representante de Petroleros Jerárquicos, Julio Necul; el trabajador del servicio de recolección de residuos Elías Roldán; la estudiante de abogacía Eliana Velázquez; el secretario de prensa del Sindicato de Camioneros, Guillermo Vargas; el jubilado municipal Rodolfo Perpetto y el trabajador municipal Walter Luciani.
La audiencia pública fue presidida por el concejal Raúl von der Thusen, secundado por las ediles Eugenia Duré, Laura Colazo y Miriam ‘Lali’ Mora. Las exposiciones fueron seguidas por un centenar de personas que colmaron las instalaciones del Concejo Deliberante local.
En el inicio, Gastón Díaz, en representación del gobierno electo que encabezará Martín Pérez, fue el primer orador y expresó que “venimos pensando en distintas herramientas que puedan aportar para que Río Grande siga creciendo como ciudad”.
En tal sentido señaló que “creemos, por una fuerte convicción ideológica, que la presencia del Estado en todos los ámbitos sociales, culturales, políticos y dentro del ámbito del desarrollo tiene que hacerse efectiva”.
“Entendemos que es una herramienta para que el Municipio pueda intervenir de forma directa en uno de los mandatos que tiene previsto la Carta Orgánica que prevé la creación de empresas estatales, donde en el artículo 40 dice que el Municipio planifica y desarrolla políticas y programas sociales tendientes al logro de la promoción humana y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes, la participación individual y comunitaria”, precisó el letrado.
Respecto de las críticas iniciales, consideró que “prefiero verlo como inquietudes que puede tener cualquier vecino o sector político o gremial y se vieron reflejadas en la sesión de este Concejo cuando se aprobó en primera lectura y en función de esas intervenciones y las dudas e inquietudes que existían, Martín Pérez se puso a la cabeza del equipo de trabajo para hablar con cada uno de los que se expresó públicamente y así explicar los alcances de la Sociedad del Estado porque creemos que hay cosas que deben estar muy claras”.
En tal sentido expresó que “es una sociedad que necesita un control mayor por parte del propio Estado porque si bien se rige por la Ley de Sociedades comerciales, como una empresa privada, dónde se vincula con los trabajadores de forma privada conforme cada uno de los convenios colectivos que sean aplicables en función de las actividades que la empresa quiera desarrollar y además existe la Ley 20705 dónde se establece que estas Sociedades no pueden decretarse en quiebra”.
Y reveló que entre los objetivos principales que la empresa tendrá a corto plazo es “el tratamiento diferenciado de los residuos y lo que tiene que ver con el reciclado de los diferentes residuos que generamos como vecinos y reciclar el caucho, el cartón, el vidrio, o el plástico que no ha despertado el interés de sectores privados, pero nosotros desde la Sociedad del Estado queremos llevarlo adelante”.
“Otro de los objetivos que tenemos a corto plazo es todo lo que tiene que ver con la generación de energías limpias que provengan de la fuerza de la naturaleza y creemos que Río Grande puede tener un proyecto a largo plazo”, enfatizó.
Finalmente, señaló que “la Sociedad del Estado va a tener un órgano directivo integrado por tres miembros titulares, que serán designados por el intendente, pero el órgano de fiscalización va a tener una necesaria designación por parte de los integrantes del Concejo Deliberante porque a propuesta del Ejecutivo va a designar a quienes van a realizar la fiscalización que además tendrá una fiscalización externa que la va a realizar el Tribunal de Cuentas Municipal”.
Otras exposiciones
Julio Necul, por su parte, señaló que coincide con la creación de la Sociedad del Estado y en tal sentido se mostró a favor y manifestó que “nos gustaría que tenga participación el Estado para poder ser socios en la extracción de un recurso que no es renovable. Creo que se pueden generar pequeñas Pymes porque vienen todas empresas multinacionales y me parece que si el Estado es socio vamos a tener más herramientas para trabajar más tranquilos”.
Por su parte, el trabajador Elías Roldán Leal señaló que “quiero que se respete las fuentes de trabajo, los materiales de trabajo en la Sociedad del Estado, que no se retroceda en ningún logro obtenido y que se nos garantice tanto la continuidad laboral como la cantidad de años que tenemos trabajando dentro de las empresas que han venido prestando el servicio de recolección, de barrido, y limpieza, y que esta sociedad que se está formando no sea ningún retroceso para el trabajador”.
La estudiante Eliana Velázquez opinó que “no estoy en contra del proyecto en sí, sino que la inquietud que tienen los trabajadores es que se le garantice sus puestos de trabajo y se respeten los convenios colectivos de trabajo, por lo cual pido que quede por escrito esta inquietud porque es la única manera de que se garantice esto, y que después no se borre con el codo”.
Guillermo Vargas planteó puntualmente que “queremos que dentro del proyecto se exprese en la ordenanza por escrito que los trabajadores de Río Grande Activa Sociedad del Estado se regirán por las disposiciones legales de la ley de contrato de trabajo 20744 y que bajo ninguna circunstancia dejaremos de ser afiliados al gremio de Camioneros para ser considerados empleados estatales”.
También solicitó que “la relación entre los trabajadores y Río Grande Activa Sociedad del Estado deberá estar regida por los convenios colectivos de trabajo que rige cada actividad que la empresa que se conforme y lleve adelante”.
El trabajador municipal, Walter Luciani, manifestó a su turno que “en el proyecto hemos observado algunas cosas que nos llenaban de inquietud y lo que tratamos es no estar en contra de un proyecto, sino de sumar algunas inquietudes que tenemos nosotros como trabajadores estatales y de parte de un colectivo que nos lleva a pensar que se está generando una nueva institución que nos parece que no está del todo acorde con la normativa vigente”.
En relación a las fuentes laborales, indicó que “hubiera sido positivo que las organizaciones gremiales estatales hubieran estado presentes para dar su opinión, preocupados por la situación”.