Se trata de una iniciativa de la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana) que propone modificar artículos de los Códigos Procesal Penal Nacional y Federal y de la Ley de Protección Integral para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres a favor de la perspectiva de género.
BUENOS AIRES.- La Comisión de Justicia y Asuntos Penales a cargo del senador por Neuquén, Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana), se reunió el martes para tratar y dictaminar un proyecto que busca modificar distintas leyes respecto de la inhibición, recusación y excusación de jueces en caso de tener una posición contraria a la perspectiva de género.
La iniciativa de la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana), establece en su texto que “los y las jueces que adopten una posición parcial contraria a valorar con perspectiva de género corresponde que se inhiban o apartarlos de las actuaciones”.
Luego de agradecer a sus compañeros y compañeras del Bloque Frente de Todos “por venir a trabajar y poner el cuerpo a esta iniciativa”, Fernández Sagasti expresó que “este proyecto es necesario, urgente y oportuno ya que el pasado 25 de noviembre marchamos por una reforma judicial feminista, entre otros reclamos”.
“Entiendo que este proyecto no es una solución a la hora de denunciar y buscar una sentencia pero sí es una forma de sentirnos protegidas y hacer efectiva la garantía de imparcialidad como lo enuncia la Constitución Nacional”, explicó.
La Senadora mendocina recordó que “la principal garantía que queremos para las mujeres y los movimientos LGBTIQ+ es la imparcialidad y una sentencia debe tener perspectiva de género y no ser discriminatoria”; luego ejemplificó con diferentes casos judiciales paradigmáticos en donde no fueron respetados tales derechos.
El proyecto en cuestión contiene tres artículos con modificatorias de los Códigos Procesal Penal Federal y Nacional, y la Ley de Protección Integral para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Y, asimismo, determina una nueva causal para la recusación de magistrados.
También establece que “un juez o jueza que no lleva adelante capacitación en perspectiva de género”, como lo establece la Ley 27.499 o Ley Micaela, “se manifiesta públicamente en contra de la aplicación”. Y extiende la causal a quienes hacen “uso de discursos y prácticas de odio y prejuicio”, según enuncia el proyecto.
Algunos fundamentos
El portal diariojudicial.com publicó que en los fundamentos del proyecto se establece que se garantice a las mujeres “a ser juzgadas con perspectiva de género y sin discriminación, contando con juzgadores y juzgadoras imparciales, siendo motivo de inhibición y recusación de magistrados y magistradas manifestar judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de género, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utiliza discursos de odio, o no respeta y hace respetar la ley de identidad de género”.
“Las y los jueces que adopten una posición parcial contraria a valorar con perspectiva de género los casos sobre los que se informa, en cumplimiento de la doctrina sobre recusación que hemos desarrollado en las secciones anteriores, corresponde que se inhiban o apartarlos de las actuaciones”, se lee en los fundamentos , ya que “la falta de reconocimiento de la identidad de género de los y las justiciables constituye trato discriminatorio que se traduce en criminalización y acoso por parte de las autoridades”.
En ese sentido, se añadió: “cuando no respetan y no hacen respetar la ley de identidad de género, los y las magistradas no se expresan como jueces imparciales o jueces sin una opinión respecto de los derechos de las personas trans. Por el contrario, esta práctica expresa la parcialidad en contra de los derechos consagrados legalmente”.
“Esta creencia no es merecedora de respeto en una sociedad democrática, y es incompatible con los derechos humanos a la dignidad e igualdad ante la ley. Es por ello que el accionar de magistrados y magistradas que no respetan ni hacen respetar la Ley de Identidad de Género es incompatible con la dignidad humana y los derechos humanos”, enfatizó el texto.