Desde su sanción se amplió el programa de profilaxis preexposición que es una de las herramientas de la prevención combinada, que tiene sobradas muestras en el mundo de contribuir a la disminución de nuevos casos.
BUENOS AIRES (Télam).- Difundir y capacitar sobre su contenido, agilizar los trámites para garantizar el acceso de quienes pueden obtener jubilaciones y pensiones establecidos en la norma y mejorar la oferta de prevención combinada, son algunos de los desafíos que sigue teniendo la aplicación de la Ley 27.675 (de respuesta integral al VIH y otras infecciones de transmisión sexual), según afirmaron referentes de la temática en las vísperas del Día Mundial del Sida.
Sancionada en junio de 2022, la ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis reemplazó la vieja norma 23.798 (que en su momento fue pionera pero que hoy quedaba vetusta) e incorporó un enfoque de derechos, corriendo el eje de lo puramente biomédico.
«La nueva ley, como dijimos en su momento, agregaba algunas cuestiones importantes para avanzar y refrescar la respuesta política a la epidemia», indicó a Télam el director ejecutivo de la Fundación Huésped, Leandro Cahn.
Y continuó: «Desde su sanción -aunque todavía presenta muchos desafíos- se amplió el programa de profilaxis preexposición (que consiste en la administración del tratamiento a personas sin el virus pero con una alta exposición), que es una de las herramientas de la prevención combinada, que tiene sobradas muestras en el mundo de contribuir a la disminución de nuevos casos».
«En Argentina los efectos de esta herramienta todavía no los estamos viendo pero a partir de que los diferentes subsistemas de salud la incorporen seguro lo podremos observar», alertó Cahn.
«Otro aspecto positivo de la ley -dijo- es que se fueron desarrollando distintos resortes que permiten el acceso a algunos de los derechos contemplados desde el punto de vista previsional y, además, garantiza, una más fácil implementación de algunas políticas vinculadas, por ejemplo, al autotesteo o a nuevas tecnologías de prevención y tratamiento que pudieran surgir».
En el mismo sentido, Miguel Pedrola, director científico para Latinoamérica y Caribe en AHF (Aids Healthcare Foundation), indicó que la normativa «avanzó bastante en la reglamentación para poder acceder a las pensiones y jubilaciones de aquellas personas que hace más de 10 años que viven con el virus. Esto es importante porque son personas que superan los 50 años y muchas veces no estaban en condiciones de seguir manteniendo su trabajo».
Pedrola también destacó que «se reglamentó la Comisión Asesora del Programa Nacional de VIH, y esto es importante porque da lugar a la sociedad civil a ser parte y tener voz y voto».
Como mencionaron ambos referentes de la temática, uno de los puntos clave de la Ley 27.675 fue que incluyó la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada, a los 50 años, para las personas que lleven diez años conviviendo con el virus y hayan alcanzado al menos 20 años de aportes y también permite acceder a una pensión no contributiva vitalicia en los casos de vulnerabilidad social.
Según el «Informe de Monitoreo de la Ley 27.675» del Capítulo Argentina de la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación (que estará publicado en las próximas horas en http://alianzavihlac.org/argentina/) a fines de octubre de este año se iniciaron 4.900 trámites de pensiones no contributivas, de los cuales se otorgaron sólo 1.100 (un 22%).
«Cabe destacar que de los trámites aún no resueltos, menos de 100 son aquellos que no cumplen los requisitos formales. Lo que indica que el resto que aún no han sido otorgados se deben a retrasos administrativos propios de la gestión del beneficio», señaló el documento.
Respecto a las jubilaciones especiales, se iniciaron 950 trámites, y se otorgaron 440 (poco más del 45%).
«Desde la cartera de la seguridad social nos indican que en las últimas semanas el otorgamiento de estos trámites se ha ido acelerando dado que se ajustan constantemente los procesos informáticos, contando con un tiempo promedio de otorgamiento del trámite de 90 días», indicó el informe elaborado por Matías Muñoz, abogado y coordinador para Argentina de la Alianza, una iniciativa surgida en 2017 por parte de la Red Global de Personas con VIH (GNP+) y la Junta de Gobierno del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH y el Sida (Onusida).
Gracias a un relevamiento territorial realizado por organizaciones para el informe de monitoreo, el documento también arrojó que «existe un grado de desconocimiento muy grande acerca del contenido de la ley», tanto entre personas con VIH como en otras claves como el personal de Anses que tiene que asesorar para las jubilaciones y pensiones. Incluso, algunas personas denunciaron malos tratos y discriminación en ese contexto del trámite.
Respecto a la prevención, las organizaciones refirieron ser ellas en muchas ocasiones las que brindan información y herramientas, aunque esto difiere según el punto del país, siendo en las grandes ciudades mucho más fácil el acceso a diagnóstico, prevención y tratamiento en todos los subsistemas de salud (público y privado).
En cuanto al estigma y discriminación, el documento describió que «son numerosos los casos de discriminación en el acceso al empleo que no tienen un vehículo de resolución».
«Las delegaciones de Inadi en los territorios generalmente tienen limitada acción comunitaria. No tienen capacidad de compartir información sobre estadísticas locales y en muy pocos casos se realizan acciones positivas tendientes a eliminar la discriminación a nivel local», indicó.
Fuera de este informe y en términos general, Leandro Cahn sostuvo que «los desafíos en Argentina siguen siendo los mismos desde hace varios años; todavía no vemos una disminución de nuevos casos y de muertes que podríamos esperar a pesar de que tenemos un programa de acceso universal a la terapia antiviral».
«Sin embargo, todavía tenemos una tasa preocupantemente alta de diagnóstico tardío por lo cual necesitamos seguir promoviendo y facilitando el acceso al diagnóstico para que las personas que vivan con VIH puedan conocer su situación, acceder a los tratamientos y, de esa manera, empezar a notar una caída significativa de casos y, por supuesto, en la cantidad de nuevas muertes».
En la misma línea, Pedrola remarcó que «hay un 46% de las personas que están llegando tarde al diagnóstico y esto implica que hay dificultad en el acceso, y cuando digo esto no hablo del acceso a una clínica u hospital, sino de que hay que cambiar la estrategia y sacar el diagnóstico a la calle».
«Por otro lado -continuó- hoy hablamos de prevención combinada y esto debe darse en la realidad y tomarlo como un todo, es decir, no sirve si hoy hacemos campaña con preservativo, mañana con PrEP (profilaxis preexposición) y pasado con profilaxis pos exposición, sino que hay que informar y ofrecer todas las herramientas de manera conjunta».
Según los últimos datos de ONUSIDA, al 2022, unas 39 millones de personas en todo el mundo vivían con el VIH; y 29,8 millones de personas accedían a la terapia antirretroviral.
El organismo estimó que 630 mil personas murieron el año pasado por enfermedades relacionadas al sida y que las nuevas infecciones rondaron en 1,3 millones.
En Argentina, los datos correspondientes a 2022 se publicarán mañana en el Boletín sobre el VIH, sida e ITS en la Argentina que estará disponible en la página del Ministerio de Salud.