El juez de instrucción Sergio Alberto Pepe rechazó el requerimiento del fiscal Fernando Ballestar Bidau porque entiende que “no hubo delito”. La resolución podría ser apelada por el representante del Ministerio Público.
USHUAIA.- El juez interino del Juzgado de Instrucción N°1, Sergio Pepe, desestimó la denuncia impulsada por el fiscal Fernando Ballester Bidau respecto a la posible comisión del delito de desobediencia judicial por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo, en el marco de la convocatoria a elecciones de Convencionales Constituyentes.
En su resolución el juez Pepe entendió que “no se encuentra constituido el aspecto objetivo que requiere el delito de desobediencia para su configuración”.
“Es cierto que la orden emitida por el máximo estrado provincial resulta clara y, sin lugar a duda, señala la suspensión del acto electoral”. Pero también lo es que no fue notificado el Gobierno provincial “fehacientemente hasta cinco días después del supuesto incumplimiento”, indica en su resolución el Magistrado.
Por lo cual, en la denuncia realizada por el legislador Jorge Lechman “se desprende en forma genérica la posibilidad de un incumplimiento de deberes de funcionario público”. Sin embargo, para su aplicación se requiere “necesariamente como prerrequisito que la figura del artículo 239 del Código Penal se encuentre perfeccionada, lo cual no sucedió”.
El Magistrado sostuvo que “el presente caso se encuentra enmarcado en las previsiones del artículo 178, segundo párrafo del C.P.P.P., y así, corresponde en mérito a ello el rechazo del requerimiento fiscal de instrucción por cuanto el hecho traído a conocimiento no constituye delito”.
Antecedentes
Cabe recordar que el 8 de agosto, luego de hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el legislador Jorge Lechman, el Superior Tribunal de Justicia suspendió la convocatoria a elecciones hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. No obstante, días después el Ejecutivo siguió adelante con la convocatoria, “En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 192 de la Constitución Provincial”.
Advirtiendo que se podría incurrir en “desacato”, desde el Superior Tribunal de Justicia intimaron al Ejecutivo que se abstenga de realizar acciones tendientes a seguir adelante con el llamado a elecciones que fue suspendido por la mencionada medida cautelar.
En el marco de esta investigación por posible desacato, el 22 de agosto se realizó un allanamiento en la casa de Gobierno provincial por orden del Juzgado de Instrucción N°1 a cargo del juez Sergio Alberto Pepe. Hasta allí llegaron efectivos del Escuadrón 44 de GNA, quienes allanaron el área Despacho de la Secretaría General, Legal y Técnica.