La propuesta del Poder Ejecutivo plantea un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años. Se establecen ciertas condiciones de encierro en caso de la pena privativa de la libertad.
BUENOS AIRES (NA).- La Cámara de Diputados retomará el debate en torno a la creación de un nuevo régimen penal juvenil que, entre otros puntos, plantea la baja de la edad de imputabilidad y establece la franja de 13 a 18 años para ser punible.
En un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, los autores de las distintas iniciativas expondrán desde las 14 sobre los lineamientos centrales de las propuestas y también se desarrollará una nueva ronda con especialistas invitados.
Participarán de la reunión informativa el presidente del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, Germán Onco; la jueza de Cámara Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, María Noel Costa, y la la jueza de Control, Niñez y Adolescencia, María Licia Tulián.
También el diputado y neurólogo Facundo Manes; la abogada de la Asociación Argentina de Juristas Cynthia Britez y el ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia Gabriel Lerner.
A fines de julio, el Poder Ejecutivo anunció un proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y establece una pena máxima de 20 años para adolescentes menores de 18 años.
Además de analizarse esta iniciativa del Gobierno, fueron convocados para defender sus propios proyectos los diputados Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), Agustina Propato (Unión por la Patria), Diego Santilli (PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Roxana Reyes y Fabio Quetglas (UCR).
El proyecto
La propuesta del Poder Ejecutivo plantea un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.
El abanico de sanciones abarca “la amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime; prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, inclusive deportivos, musicales o culturales”.
También la “prohibición de salir del país o del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que el juez determine; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico y penas privativas de libertad”.
En este último caso, la pena privativa de la libertad podrá realizarse en el domicilio, en un instituto abierto, en un instituto especializado de detención o en una sección separada de un establecimiento penitenciario adecuada para el tratamiento de adolescentes.
“La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento”, especifica el proyecto oficial.
No estará admitida “la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años.
Más allá de la carga punitiva, en uno de los artículos de la iniciativa se sostiene que “la finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
Entre las medidas complementarias figuran “el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario”.
En los fundamentos se señala que “actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”, lo que “genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”.
También puntualizó el Gobierno que el piso de 16 años para ser punible dista de otros países de la región como en Chile, Colombia y Perú, que es de 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay, a los 13; Brasil y México, a los 12; y Granada y Trinidad y Tobago, a los 7 años.