BUENOS AIRES (NA).- El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime se convirtió ayer en el primer exfuncionario kirchnerista en ser detenido por presunta malversación de fondos, luego de que el juez federal Julián Ercolini ordenara que fuera puesto en custodia y trasladado a los Tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en la causa que investiga la compra de material rodante a España y Portugal.
A primera hora de la mañana el escrito judicial alborotó la escena política, ya que el magistrado dispuso que el cordobés sea detenido y “trasladado en carácter de incomunicado de forma inmediata”.
“Me parece innecesario una orden un sábado, cuando yo tenía una citación para el martes. Todos saben que el martes me tenía que presentarme ante el juzgado junto a mi hija (Julieta), que tiene que justificar una moto de agua”, se quejó el imputado, en declaraciones periodísticas antes de llegar a bordo de un taxi a la sede de la Policía Federal en la Ciudad de Córdoba para entregarse.
Poco antes de las 13.30, entre insultos de vecinos que se acercaron al lugar, efectivos de la fuerza azul escoltaron a un Jaime con chaleco antibalas y esposado hacia una camioneta de Gendarmería para trasladarlo.
La orden de Ercolini también recaía sobre el exasesor Manuel Vázquez, quien se encontraba escondido en el ropero de su casa de la localidad bonaerense de Acassuso cuando el personal de Gendarmería ingresó al domicilio para cumplir con la decisión judicial.
Ambos imputados deberán “ser alojados en las dependencias de la Unidad Especial Investigaciones y Procedimientos Judiciales Buenos Aires de la Gendarmería Nacional”, para ser trasladados el próximo lunes a los Tribunales de Comodoro Py “con el objeto de recibirles declaración indagatoria”.
Jaime y Vázquez están investigados por la compra de material rodante a España y Portugal por un total de 100 millones de euros, cifra que según la Justicia “era de desproporción exorbitante en relación a su calidad y funcionalidad real, lo que hacer presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la administración pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas y que justamente debían proteger el patrimonio estatal”.
“Fue una compra que se hizo en el marco de una decisión que hizo el Estado nacional con el español. Las decisiones no las tomo en carácter personal. Fue un convenio de país a país. En vez de acordar que se arreglaran en España, se acordó que se haga en la Argentina para generar mano de obra”, justificó el exsecretario de Transporte.
Consultado sobre la posibilidad de quedar detenido hasta que se termine el proceso judicial, Jaime manifestó: “No es que tenga miedo, pero me parece que no tiene sentido. Me voy a poner, como siempre lo he hecho, a disposición de la Justicia. Nunca he evitado que la Justicia tome las medidas que tiene que tomar”.
Además, se refirió a su condena a seis años de prisión en la causa por la Tragedia de Once y a la posibilidad de que el fallo quede firme: “No me preparo para algo cuando tengo la plena convicción de que no he cometido ningún delito. Pero eso lo determinará la Justicia”.
