La Gobernadora se presentará en la audiencia convocada por la Corte Suprema para argumentar las razones que la llevaron a exigir que el gobierno nacional restablezca la coparticipación del Fondo Federal Solidario. Lo hará junto al doctor Virgilio Martínez de Sucre, titular de la Fiscalía de Estado.
USHUAIA.- La gobernadora Rosana Bertone estará presente en la audiencia programada por la Corte Suprema de la Nación, para escuchar a los mandatarios provinciales que demandaron al Gobierno central contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (756/2018), por el cual se procedió a eliminar la distribución del Fondo Federal Solidario, originado con recursos provenientes de la exportación de la soja.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, convocó para los días 26 y 27 de junio, a las 11.00; a los apoderados legales de las provincias que demandaron al Estado Nacional por la eliminación del Fondo Federal Solidario.
La decisión de convocar a la audiencia de conciliación fue acordada por los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati.
La convocatoria del máximo órgano judicial es a los efectos de cumplir con una audiencia de conciliación entre las partes. Las provincias que deberán asistir son, además de Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero.
En la demanda que presentó la gobernadora Rosana Bertone, a través del fiscal del Estado Virgilio Martínez de Sucre, enfatiza que no es posible la derogación unilateral del Fondo Federal Solidario, por cuanto esa fuente de financiamiento se constituyó a partir de un acuerdo con los gobernadores y la única forma de derogarlo es a través del mismo procedimiento.
El documento agrega que la suspensión del fondo de la soja lesiona las condiciones acordadas de buena fe en el Consenso Fiscal, las cuales no son susceptibles de ser modificadas unilateralmente y que atentan contra el derecho a la educación, la salud y, en general, el desarrollo social de los destinatarios.
También, en lo expuesto por el Fiscal de Estado, se expresa que la arbitrariedad que conlleva un decreto de necesidad y urgencia atenta contra los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes.
Cabe destacar que el Fondo Federal Solidario fue concebido con el objeto de financiar, en provincias y municipios, obras que contribuyan a la mejora de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial, con expresa prohibición de utilizar las sumas para el financiamiento de gastos corrientes.
El mismo está financiado por el 30% de las sumas que el Estado Nacional percibe en concepto de derechos de exportación de soja.
Devolución
Cabe señalar que el Gobierno nacional resolvió compensar la eliminación del fondo de la soja, remitiendo recursos extras a la coparticipación, pero la gobernadora Bertone resolvió reintegrar los pagos que efectúe la Nación en concepto de esa compensación, en atención a la demanda judicial que entabló contra el Gobierno central por la eliminación de esa fuente de financiamiento y en reclamo a que el mismo sea restituido.
El rechazo de los pagos parciales fue comunicado de manera formal por medio de una nota firmada por el ministro de Economía, José Labroca y dirigida al secretario de Provincias y Municipios dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda Alejandro Caldarelli.
El Ministro señaló en el escrito que se encuentran en marcha las acciones judiciales tendientes a que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 756/2018. Cabe destacar que durante el 2019, la provincia dejará de percibir 280 millones que le corresponden por dicho fondo.
La decisión del Gobierno de no aceptar el fondo compensador tiene dos razones: Uno de ellos de orden económico, ya que de los 4.125 millones de pesos afectados por el Gobierno nacional al “Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios”, a Tierra del Fuego le corresponden unos 30 millones de pesos, cuando por coparticipación del derogado Fondo de la Soja debía percibir hasta fines de este año unos 100 millones de pesos.
El otro, de mayor peso, es jurídico. Se entiende que aceptar ese pago implicaría consentir la decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo de la Soja, lo que restaría sustento al recurso judicial que contra esa decisión interpuso la Provincia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cabe indicar que como el Decreto del gobierno nacional establece la posibilidad de girar un 50% del fondo compensador en forma directa a las Municipalidades, la gobernadora Rosana Bertone dio instrucciones para advertir a los Intendentes que no acepten esos recursos, alertándolos de que la aceptación de esas transferencias podría restar sustento jurídico al reclamo que planteó ante la Corte el gobierno de la provincia y, además, la Federación Argentina de Municipios (FAM).