El Juzgado de Minoridad y Familia de Río Grande recibió un promedio de cinco denuncias por día solo durante el fin de semana que pasó. “La gente se tiene que prender a colaborar, si la víctima no puede denunciar, alguien tienen que avisar a la justicia”, dijo la jueza Susana García.
RIO GRANDE.- Los casos de violencia de género están tan extendidos y naturalizados que si bien ocurre que muchas veces alguien está al tanto de al menos una de estas historias terribles, al mismo tiempo, es muy raro que se incline a comprometerse con esa víctima (casi siempre una mujer) de forma concreta y hacer la denuncia correspondiente.
Solo durante el fin de semana largo se registraron 20 casos de violencia de género que fueron atendidos por el Juzgado de Minoridad y Familia de Río Grande, cinco por día.
Para la jueza Minoridad y Familia, Susana García, hace falta romper el silencio, sobre todo en quienes rodean a las víctimas. “Si uno (la justicia) no sabe nada, no puede intervenir, y siempre alguien sabe; un familiar, el amigo, la comadre, siempre alguien tiene información, y si la víctima no puede, alguien más puede colaborar y denunciar”, dijo en Fm Aire Libre.
Una vez que la justicia toma noticia de la situación empieza a intervenir. “Cuando este Juzgado toma una medida de emergencia, en un término muy corto de pocas, se acciona”, aseguró la magistrada.
Susana García brindó otro dato revelador y es que “en el 95% de los casos las mujeres que denuncian violencia de género luego se arrepienten” aunque aclara que esto “no significa que la justicia no continúe con los seguimientos de los casos”.
Cuando una víctima decide levantar la denuncia de violencia, la jueza señaló que “en mi caso particular voy a evaluar si efectivamente el pedido de levantamiento de la denuncia lo hizo conscientemente, sino le digo lo siento mucho y vamos a seguir trabajando, porque existe una posibilidad de que esté coaccionada”.
Y agregó que “puede venir y pedir el levantamiento de las medidas, pero evaluamos si esta persona ha hecho una elección libre, porque hay muchas ocasiones donde nos damos cuenta -por el oficio en este tipo de casos- que la persona se siente obligada a levantar la denuncia, y seguimos trabajando igual”.
Acelerar los tiempos
“Si la víctima no puede hablar, alguien tiene que avisarnos, y si la víctima puede hablar, el trámite habitual es que vaya a la Comisaría de Familia (Intevu 10 casa 41), ellos nos avisan a nosotros, y de inmediato sacamos la resolución de restricción de acercamiento”, explicó la jueza.
Además, señaló que “nuestro objetivo este año es ver la manera en que podamos asistir a la víctima en menos horas, en lugar de tardar 3 o 4 horas, en menos tiempo sacar las resoluciones”.
Eso desde el punto de vista judicial, pero no es suficiente, ya que una vez que la mujer denuncia recién empieza el proceso. “Se rompe el silencio y hay que empezar a trabajar con los amigos y la familia”, destacó.
Según la jueza, la misma comunidad “se tiene que prender a colaborar” entendiendo que “si uno como vecino o familiar ve a una víctima de violencia y sabe que no puede salir de ese círculo y denunciar, tiene que ir y plantearlo en la justicia”.
“Hay que ayudarla a que se anime, porque es muy difícil para una mujer que está siendo golpeada, que cree que se va a quedar sin dinero y sin casa”, agregó.
Derechos que se desconocen
La funcionaria judicial apuntó a la Ley Provincial 10.022 de enero del 2015 y dijo que “no ha sido un acierto esa ley y lo digo como una crítica estrictamente jurídica, no fue de las más felices de las que se hayan dictado”.
Aun sí destacó que la normativa brinda ciertas facultades al juez, y espacios para que otras áreas también trabajen con la víctima. “Lo difícil de romper el silencio viene porque la mujer tiene miedo de quedarse sin casa, que le saquen los chicos, quedarse sin plata porque no tiene ingresos, porque el que trabaja es el agresor”, dijo.
Para esos casos la Ley brinda facultades al juez para que esto no sea así, y según Susana García, es primordial que se conozcan estos derechos: “Los niños se quedarán donde estén mejor, la persona que se tiene que retirar de la casa no será la víctima y no se quedará sin dinero porque va a haber una retención de los haberes de la persona que es agresora; hay muchas herramientas”.
Respecto a los agresores, indicó que “este juzgado los detiene, se fijan normas de conducta y si las incumple entra la flagrancia donde empieza a intervenir el fiscal; nosotros somos en eso muy estrictos, no queda en el pórtate bien, para nosotros es un tema muy serio”.
