BUENOS AIRES (NA).- El Senado prevé avanzar hoy con el proyecto de ley para responsabilizar penalmente a las empresas por delitos de corrupción, y lo sometería a votación en el recinto la semana próxima.
Este miércoles a las 14:00 la Comisión de Justicia y Asuntos Penales se reunirá en el Salón Illia con la intención de firmar dictamen para el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Diputados, que lo recibiría nuevamente con cambios hechos por el Senado.
Así lo confirmaron a NA fuentes parlamentarias, las cuales indicaron que hay consenso entre el bloque oficialista Cambiemos y el PJ-FPV para dejar la iniciativa lista para ser votada, probablemente en la sesión prevista para el 27 de septiembre.
No obstante, el proyecto todavía está envuelto en marchas y contramarchas por parte de los senadores en lo que respecta a los distintos tipos de responsabilidad que podrían caberle a las personas jurídicas.
Una de las opciones, que hasta ahora era la más fuerte, era establecer el criterio de responsabilidad «por defecto de organización», lo que implica que la pena sea determinada en función de si la empresa cuenta o no con un Programa de Integridad.
En caso de contar con ese sistema interno que apunte a prevenir hechos de corrupción en su personal, la condena recae sobre el empleado que cometió el ilícito (como puede ser el pago de una coima) pero si no lo tiene la compañía puede ser penada.
La otra opción es la de la responsabilidad objetiva, según la cual en caso de producirse un delito de corrupción serían responsables penalmente tanto la empresa como su personal.
Más allá de esa discusión, los senadores consensuaron otros puntos como la eliminación de la cláusula, incorporada durante el debate de la Cámara de Diputados, que declara imprescriptibles los denominados delitos de corrupción.
Además, el Senado volvería a tomar la redacción original del Poder Ejecutivo que circunscribía el régimen penal a los delitos de corrupción (es decir, cohecho, cohecho agravado y exacciones ilegales) y no a todos los delitos del Código Penal, como hizo Diputados.
Se agregaría el delito de fraude contable, referido a la falsificación o adulteración de los balances con el fin de encubrir transacciones vinculadas a algún ilícito.
