El juez interino Andrés Leonelli sobreseyó a los tres funcionarios municipales. Entendió que actuaron con “desconocimiento” de la norma, pidiendo al Intendente que “capacite” a sus funcionarios.
RIO GRANDE.- La causa se inició a partir de la denuncia de Sandra del Valle Aballay quien dio cuenta que el 24 de junio pasado se produjo el desalojo “irregular” de la vivienda que “ocupaba” en el barrio Los Cisnes, “sin previa notificación” por parte del municipio, cuyas autoridades manifestaron que la mujer no ocupaba la misma desde hacía dos años.
El hecho tuvo la particularidad de que los tres funcionarios municipales imputados concurrieron acompañados de la escribana Jorgelina Andino, quien dejó constancia de todo lo actuado. Ese último detalle fue crucial para que el juez interino Andrés Leonelli los considere sobreseídos, a pesar de dejar en claro que la maniobra fue ilegal.
La medida alcanza al doctor Federico Greve, subsecretario de Participación Ciudadana; a la directora de Tierras Fiscales, Cristina Herrera y al asesor letrado de la Municipalidad, doctor Diego Poggi.
El “error de tipo”
Leonelli consideró la acción dentro del denominado “error de tipo” considerando que estaban en “un estado de falso conocimiento” de que lo actuado constituía una ilegalidad. Pese a que dos de los encausados son abogados.
Actuaron en base al desconocimiento de la norma de que estaban cometiendo una práctica de abuso de autoridad, y a tal fin el Juez enumera un detalle significativo: “el propio subsecretario Greve convocó para el acto a una notaria pública, resulta descabellado sostener que pudiera convocar al acto a una representante de la fe pública para certificar un comportamiento criminal”.
Fuerte reprimenda
En el fallo absolutorio, el doctor Leonelli exhortó mediante oficio al intendente Melella “a los efectos sumariales que considere necesario” y para que “capacite en la materia específica a los funcionarios municipales que deben velar por la legalidad de los actos propios de su competencia funcional”, en razón del perjuicio económico que esto podría acarrear a la ciudad en futuras demandas civiles.
Incluso, según los dichos de uno de los imputados, respecto de que este tipo de procedimientos son usuales, “adecuar el procedimiento en materia habitacional a las normativas vigentes”.
Finalmente el juez giró oficios a los entes de contralor, como el Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas a fin de que evalúen las “irregularidades” detectadas en el proceso adjudicatario.
