La jueza federal subogrante Mariel Borruto ordenó las primeras medidas de pruebas, consistentes en pedidos de informes para conocer detalles sobre las empresas involucradas, su evolución patrimonial, si operan en el mercado bursátil.
RIO GRANDE.- La jueza federal subogrante, Mariel Borruto, dio curso a la presentación de los fiscales Marcelo Rapoport, Adrián García Lois y Carlos Gonella, y ordenó medidas de prueba para «corroborar las hipótesis delictivas» en la causa que investiga a empresas transnacionales por la exploración y extracción ilegal de hidrocarburos en la cuenca de las Islas Malvinas.
Borruto solicitó informes a diferentes organismos del Estado que le habían sido propuestos la semana pasada por el fiscal federal local, el fiscal de distrito y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
De esa forma, la magistrada libró oficios a la Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Comisión Nacional de Valores, la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Prefectura Naval y la Inspección General de Justicia.
Los pedidos de informe están orientados a conocer detalles sobre las empresas involucradas, su evolución patrimonial, si operan en el mercado bursátil, como asimismo a identificar a las personas físicas que las integran.
La investigación está centrada sobre las empresas Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
Es por la presunta comisión de «actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas», y otros delitos que se desprenden de esas acciones, como la contaminación ambiental y el contrabando.
Al impulsar la acción penal, los fiscales remarcaron que deben investigarse violaciones a los tipos penales previstos en el artículo 7 de la ley 26659, de exploración y explotación de hidrocarburos de la Plataforma Continental Argentina.
La ley prevé hasta 15 años de prisión y el doble del tiempo de la condena para ejercer el comercio, como también el decomiso de los bienes vinculados, cuestión impulsada por los fiscales en carácter de medida cautelar, a quien incurra en la exploración y extracción de hidrocarburos sin autorización en esa zona.