Siete meses después de comenzada la tragedia ambiental que duró 170 días y afectó unas 12 mil hectáreas de bosque virgen en la reserva provincial de Tolhuin, el Ministerio de Producción y ambiente designó un instructor para que investigue las circunstancias en que se produjo el hecho.
USHUAIA.- El 16 de junio, la ministra de Producción y Ambiente Sonia Castiglione instruyó el inicio de un sumario administrativo por presunta infracción a normas nacionales y provinciales que prohíben encender fuego en el interior de los bosques y zonas adyacentes en infracción a los reglamentos respectivos y que obligan a cumplir con las normas de seguridad y prevención establecidas por las autoridades.
La medida se materializó mediante resolución N° 610/23 de esa cartera, dada a conocer en el Boletín Oficial de ayer.
En el mismo acto se designó al agente Sergio José Camargo como instructor sumariante, quien deberá llevar adelante la investigación del hecho, recabando todos los elementos de prueba a fin de esclarecer las circunstancias e individualizar responsables.
Según se desprende de los considerandos de la norma en el expediente abierto oportunamente como consecuencia del incendio el Director Provincial de Manejo del Fuego constató que en inmediaciones del río Claro y el sector del casco viejo de la exestancia Carmen Vieja en la Reserva Corazón de la Isla, se había originado un incendio forestal en el cual se encontraba trabajando la brigada provincial de manejo del fuego desde el 30 de noviembre de 2022.
“Según lo indicado en el acta, el ígneo se originó en un lugar no habilitado y en un momento en el que el índice FWT no permitía hacer fuego, no pudiéndose identificar responsables”.
La medida impulsada por el Ministerio de Producción y Ambiente publicada ayer, es de carácter administrativa y corre paralela a la investigación de carácter penal que lleva la Justicia. Tiene el propósito de profundizar la información que posee el Estado provincial y que se necesita para poder aplicar las multas y sanciones previstas por las leyes citadas, que ayudarían a recuperar una parte de la millonaria suma de dinero público invertida para apagar el fuego y reparar los daños ambientales producidos.
Además, permitirá deslindar responsabilidades sobre la administración pública, ya que el fatal incendio ocurrió en plena emergencia ígnea, que establecía la prohibición de hacer fuego en todo el país.
Cabe recordar que el 9 de febrero de 2022, mediante decreto 274/22 se declaró en Tierra del Fuego el “Estado de emergencia ambiental por riesgo extremo de incendios” en adhesión a la norma nacional, hasta junio de 2023 dictada a raíz de la sequía extrema registrada en todo el país.
De esta manera, se fijó la prohibición de hacer fuego con combustibles sólidos en lugares no habilitados y se modificaron los valores de las multas que antes estaban fijadas en pesos, en unidades de litro de nafta súper.
Allí se estableció que quien fuera identificado como responsable de un incendio forestal, también deberá afrontar una Multa de 250 litros de nafta súper por hectárea siniestrada como costo de recuperación del sector afectado y que “los responsables de los incendios, cargarán con los costos en que deba incurrir el Estado provincial para su combate, extinción y rehabilitación sin perjuicio de las sanciones que correspondan”.