El Gobierno de la provincia no descarta recurrir a la Justicia, frente al silencio y la negativa del Poder Ejecutivo Nacional de brindar información sobre las empresas que han efectivizado formalmente sus ofertas para la exploración de 3 cuencas de la Plataforma Continental Argentina en busca de gas y petróleo, en el marco del Concurso Público Internacional Costa Afuera I, llevado a cabo por la Secretaría de Energía de la Nación.
USHUAIA.- Desde la Secretaría de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas se ha reiterado por la vía administrativa correspondiente y bajo intimación de recurrir a la Justicia Federal, la solicitud de información en relación a las empresas oferentes de las áreas para exploración, con especial énfasis en aquellas cuyas áreas se encuentran en la Cuenca Malvinas Oeste y si las mismas se encuentran comprendidas en las causales de prohibición enumeradas por la ley 26.659.
A su vez, se solicitó que en caso de que alguna de las empresas se encuentre comprendidas en dichas causales, se declaren inadmisibles dichas ofertas; se les prohíba a tales empresas ser adjudicatarias de las áreas ofertadas y a su vez sean sancionadas de conformidad a la ley aplicable a los efectos de salvaguardar nuestros legítimos e irrevocables derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y nuestros recursos no renovables.
El secretario Jorge Arguello informó que “paralelamente se han realizado presentaciones ante los presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Energía de las respectivas Cámaras del Congreso de la Nación” a efectos de “visibilizar y poner en su conocimiento esta situación de especial relevancia y preocupación para la Provincia de Tierra del Fuego y para todos los argentinos, por la posibilidad de que empresas británicas obtengan áreas de exploración en cercanía a las Islas Malvinas”.
Aseguró que la medida podría generar que “la exploración de vastos sectores de la Plataforma Continental argentina quede en cabeza exclusiva de compañías británicas, sea porque obtuvieron su licencia legalmente a través del Gobierno nacional, sea que las obtuvieran ilegalmente a través del ilegitimo gobierno británico de las islas Malvinas, resultando este hecho inadmisible”.
Por tal motivo, “y por la importancia estratégica y geopolítica de dicha zona, se solicitó a su vez la adopción de las medidas legislativas pertinentes a los efectos de salvaguardar nuestros legítimos e irrevocables derechos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y nuestros recursos no renovables” indicó Argüello.
El funcionario resaltó el hecho de que “si bien aún no se ha adjudicado ningún área a ninguna empresa, dado que el Ejecutivo Nacional está en plazo para el análisis de las ofertas realizadas, las presentaciones ante la Secretaría de Energía se realizaron a partir del momento en que se efectivizaron formalmente las ofertas de las licitaciones, es decir en el momento preciso en que se configuró la posibilidad de que las licencias sean adjudicadas. Es recién a partir de ese momento en que el Ejecutivo nacional puede tomar la decisión sobre las ofertas realizadas”.
A su vez, el Secretario de Estado remarcó que las licitaciones “fueron hechas en aguas de estricta jurisdicción nacional, fuera de las 12 millas marinas que se les otorgan a las jurisdicciones provinciales de conformidad a la ley 26.197”.
Finalmente, indicó que “estamos cumpliendo todos los pasos administrativos y legales que la ley establece, por lo que estamos a la espera de la respuesta del Ejecutivo nacional a efectos de avanzar en la adopción de las medidas administrativas y/o judiciales correspondientes a efectos de salvaguardar nuestros legítimos derechos sobre nuestras Islas Malvinas y sobre nuestros recursos no renovables”.