Es la causa del 2014 en que se denunció la liberación de automóviles que no estaban en condiciones de salir de la afectación al régimen de Promoción Industrial. Finalmente fue procesado por estos hechos el único aduanero con poder de firma sobre 14 de los casos investigados, Walter Eduardo Servian. La sentencia fue apelada por que el hecho se consideró como “defraudación a la administración pública” y la Aduana reclama sea considerado “contrabando agravado”.
RIO GRANDE.- El juez federal subrogante Federico Calvete finalmente firmó el procesamiento por el delito de “defraudación a la administración pública” y “falsificación de documento público” al aduanero Walter Eduardo Servian por la liberación de 14 automóviles, en un hecho denunciado en 2014.
A pesar de que Servian era la única persona con poder de firma sobre el trámite de liberación de estos automóviles, la causa demora casi cuatro años en un pronunciamiento de primera instancia, lo que da cuenta de aceitados vínculos políticos que este aduanero mantuvo y mantiene.
De hecho tras la denuncia continuó desempeñando tareas en la AFIP, organismo del cual recién fue suspendido preventivamente a partir de este pronunciamiento judicial reciente.
La maniobra
El agente responsable de la firma de liberación habría suscripto notas mellizas que permitieron la liberación de numerosos vehículos.
La causa figura como “Echegoyen, Gustavo s/dcia” en relación a la presentación realizada por el hoy administrador de la Aduana local en su anterior período en el año 2014, respecto de una anomalía detectada en la sección “automotores” de la repartición nacional en Río Grande.
La auditoría efectuada detectó un descontrol en el manejo de los trámites de liberación de vehículos afectados al régimen promocional de la ley 19.640.
Bajo este régimen los autos nacionales liberan después de tres años al momento de su patentamiento, y los importados cinco años.
La primera auditoría detectó que “al menos en diez oportunidades” los registros del automotor liberaron vehículos a partir de notas presentadas por particulares, procedentes de la Aduana, y todas firmadas por el imputado Servián.
La maniobra consistía en el fraguado de antiguas notas de liberación, las cuales eran modificadas con los datos del vehículo a liberar en esta oportunidad, generándose “notas mellizas” que ingresaban a los registros del automotor.
Por varios de los 14 casos detectados se pagaron cánones que nunca llegaron a las arcas aduaneras, y en otros casos directamente se liberaron vehículos que no estaban en condiciones por su baja antigüedad.
Causa incompleta
A pesar del tiempo transcurrido la causa aún deja muchas cuestiones pendientes, como el caso de todos los propietarios de esos automóviles, quienes fueron sobreseídos.
Incluso está el caso de otro empleado aduanero que habría sido señalado por algunos testigos como quien le receptaba el trámite, en cuatro casos en los que se sigue investigando una posible co autoría.
Asimismo tanto la fiscalía como el abogado de la Aduana, que actúa como parte querellante; presentaron apelaciones al considerar que el procesamiento realizado por el juez fue por una figura penal mas leve a la que correspondería.
Es que los abogados aduaneros consideran que el hecho configuró un “contrabando agravado” de los vehículos y no una mera “defraudación”.