Mediante un proceso conocido como de ‘abanderamiento’, el gigante asiático pasó los últimos años comprando su acceso a caladeros nacionales restringidos en países de Sudamérica, África y el Pacífico.
BUENOS AIRES.- Esta semana se conocieron los resultados de una investigación realizada por The Outlaw Ocean Project a cargo de Ian Urbina, Pete McKenzie y el experto argentino Milko Schvartzman, que permite entender los mecanismos que utiliza China para incursionar en la Zona Económica Exclusiva aprovechando la laxitud en los controles nacionales.
El informe publicado por el sitio Todo Noticias, recordó el incidente ocurrido el 14 de marzo de 2016 en los caladeros de calamar de la Patagonia argentina cuando el buque chino llamado Lu Yan Yuan Yu 10, que pescaba ilegalmente a varias millas de tierra, fue detectado por un guardacostas de Prefectura que le ordenó por radio que se detenga. Lejos de eso, el potero escapó.
Cuando los guardacostas empezaron a perseguirlo y a disparar al aire, como señal de advertencia, el Lu Yan Yuan Yu 10 viró y trató de embestirlos. Los guardacostas abrieron fuego apuntando directamente contra el barco potero, que no tardó en hundirse. Lo atípico de aquel día fue la violencia del encuentro en el mar, pero no la incursión de un barco chino en aguas argentinas.
Propiedad de la gigante estatal China National Fisheries Company (CNFC), el Lu Yan Yuan Yu 10 era uno más de los poteros chinos que en flotas formadas por centenares de embarcaciones visitan cada año los caladeros de alta mar por fuera de las aguas territoriales argentinas.
Durante sus visitas, muchos de estos barcos apagan los dispositivos de ubicación para cruzar en secreto a aguas argentinas, donde no tienen autorización para navegar.
Un año después de la incursión ilegal y el hundimiento del Lu Yan Yuan Yu 10, el Consejo Federal Pesquero de Argentina divulgó un anuncio que concedía licencias para faenar en aguas argentinas a dos buques extranjeros. Usando como fachada a una empresa local, los dos navegarían bajo bandera argentina, aunque el propietario que en última instancia se beneficiaría de su operación sería la CNFC.
Esta decisión violaba varias regulaciones locales. Por un lado, la prohibición a embarcaciones extranjeras de pescar en aguas de Argentina o de enarbolar la bandera del país. Y por otro, la prohibición de conceder licencias a operadores con antecedentes de pesca ilegal. “La decisión fue una contradicción total”, dijo el exsubsecretario de Pesca, Eduardo Pucci, quien ahora trabaja como consultor en temas pesqueros.
Lejos de resolverse, el problema escala con el paso del tiempo. Mediante un proceso conocido como de ‘abanderamiento’, China pasó los últimos años comprando su acceso a caladeros nacionales restringidos en países de Sudamérica, África y el Pacífico.
Las empresas chinas controlan ahora un mínimo de 62 buques de pesca industrial de calamar bajo pabellón argentino. Es decir, más de la mitad de la flota de calamar del país. Muchas de estas empresas están implicadas en delitos de distinto tipo, como el vertido de pescados al mar, la desactivación del transpondedor, y la evasión y fraude fiscal.
Estos cientos de pesqueros industriales también ponen en peligro los propios objetivos chinos de conservación de los mares. En respuesta a la presión ejercida por grupos ecologistas, Pekín anunció en 2017 que limitaría el número de buques en su flota de altura a 3000, con el objetivo de evitar la sobrepesca. Pero en ese recuento no se incluía el creciente número de embarcaciones industriales propiedad de China que operan bajo bandera de otro país.
China no ha ocultado que la estrategia se inscribe dentro de ambiciones mayores. En un artículo académico publicado en 2023, autoridades del sector pesquero chino explicaban cómo habían recurrido a empresas chinas para penetrar en aguas territoriales de Argentina, usando por ejemplo “métodos de arrendamiento y transferencia”. En el artículo, las autoridades también decían que esta estrategia formaba parte de una política global.
En la Argentina, China tomó posiciones con la entrega de miles de millones de dólares en programas de permutas de divisas, lo que en medio de una crisis económica y ante la reticencia creciente de otros organismos multilaterales de inversión y crédito significó un salvavidas clave para el país.
El incidente del Lu Yan Yuan Yu 10 no solo expuso la agresiva incursión de pesqueros ilegales en aguas argentinas, sino que también reveló las contradicciones y desafíos en la gestión de recursos pesqueros del país. Mientras China continúa expandiendo su influencia a través de métodos cuestionables, la Argentina enfrenta la urgente necesidad de reforzar sus políticas de control y sostenibilidad para proteger sus recursos marinos.